La educación se erige como un pilar fundamental en el avance y desarrollo de cualquier sociedad. No solo se trata de la transmisión de conocimientos, sino de la formación integral de individuos capaces de aportar a su comunidad y a la nación en su conjunto. En el contexto actual de nuestro país, donde la marcha universitaria de este miércoles ha resonado con fuerza a lo largo y ancho del territorio, queda claro que la defensa de la educación pública es una causa que trasciende y une a estudiantes, docentes y exalumnos. El veto propuesto por el presidente a la Ley de Financiamiento Universitario plantea un desafío que pone en riesgo este pilar esencial de la sociedad.
La movilización masiva que se vivió en diversas ciudades no solo fue una manifestación de descontento, sino también un grito en defensa de un derecho fundamental: el acceso a la educación superior pública y de calidad. La educación no puede considerarse un gasto superfluo, sino una inversión estratégica que tiene un impacto directo en el futuro del país. Las universidades públicas generan no solo profesionales competentes, sino también pensamiento crítico, innovación y progreso social. Cada peso destinado a la educación es un paso hacia el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo económico.
El rechazo de los recortes presupuestarios y el interés en la recuperación salarial para docentes y no docentes refleja la necesidad de garantizar condiciones dignas que permitan un ejercicio pleno de la enseñanza. El sistema educativo no puede ser vista como un espacio donde los recortes y ajustes prevalezcan, pues esto, a largo plazo, solo fomentará la deserción, la falta de motivación y la disminución de la calidad educativa. Cada estudio que se cierra, cada profesor que se ve obligado a abandonar su puesto ante la falta de recursos, constituye una pérdida irrecuperable para la sociedad.
La situación actual requiere una profunda reflexión sobre las prioridades del gobierno y la visión que se tiene sobre el futuro de nuestro país. Un plan de ajuste que recorta recursos destinados a las universidades públicas es, en esencia, un plan condenatorio que limita las oportunidades de miles de jóvenes que ven en la educación una vía para mejorar sus condiciones de vida. La ausencia de un financiamiento adecuado no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino que impacta en los avances científicos y tecnológicos, y en la capacidad del país para competir en un mundo cada vez más globalizado.
La educación superior no es únicamente un espacio de aprendizaje académico. Se trata de un lugar donde se forjan identidades, donde se construyen valores y donde se generan redes de solidaridad y colaboración. La diversidad de experiencias y la inclusión que ofrecen las universidades públicas son vitales para la cohesión social. La marcha del miércoles nos recordó que, en la defensa de la educación, se encuentra la lucha por un futuro más equitativo y justo para todos los ciudadanos.
Asimismo, es imprescindible que entendamos que invertir en educación es invertir en el futuro. Cada estudiante que se gradúa de una universidad pública es un potencial motor de cambio en su comunidad. La educación permite la movilidad social, reduce la pobreza y contribuye al bienestar general de la población. Los países que han apostado decididamente por la educación pública han demostrado que con una base educativa sólida, se generan mejores condiciones de vida y se promueve el desarrollo sostenible.
La comunidad educativa, junto con la sociedad civil, alzó la voz en defensa de un modelo educativo inclusivo y accesible. No se trata solo de un reclamo por presupuesto, sino de una convicción profunda sobre el valor de la educación como motor de desarrollo. Al hacerlo, estamos defendiendo no solo la educación pública, sino los cimientos de un futuro más justo y equitativo.
Se tiene en claro para la sociedad Argentina que la educación no es un gasto, sino una inversión esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. La lucha por una educación de calidad es, sin duda, la lucha por el futuro de nuestro país y de cada uno de sus ciudadanos. Es imperativo que continuemos defendiendo el acceso a la educación como un derecho inalienable.
