En los últimos meses, el debate sobre la edad mínima de jubilación ha cobrado relevancia en Argentina, especialmente en torno a la propuesta de equipararla entre hombres y mujeres. Esta iniciativa propuesta por el gobierno nacional, que contempla un aumento de cinco años en la edad de jubilación para las mujeres, plantea serias preocupaciones sobre los avances en materia de equidad de género y derechos laborales en el país.
Históricamente, las mujeres han enfrentado un doble desafío en el ámbito laboral: menores salarios y mayor carga de trabajo en el hogar. La decisión de incrementar la edad de jubilación para esta población no solo ignora estas desigualdades, sino que también representa un retroceso legal significativo. La jubilación anticipada ha sido un mecanismo que ha permitido a muchas mujeres, a menudo relegadas a tareas no remuneradas, acceder a una pensión que les ofrezca un mínimo de seguridad económica. Aumentar su edad de jubilación podría exacerbar la pobreza en la vejez, un fenómeno ya alarmante en muchas de ellas.
Además, esta medida podría tener impactos negativos en la percepción social sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral. La equiparación de la edad de jubilación debería ser acompañada de políticas que reconozcan y compensen el trabajo no remunerado de las mujeres, y que fomenten su inserción laboral en condiciones equitativas. Sin embargo, al proponer un aumento en su edad de jubilación sin ofrecer otros beneficios o protecciones, se corre el riesgo de perpetuar un sistema que discrimina a quienes sostienen, en gran parte, el tejido social y familiar del país.
Es decir, continuar con la insistencia en la equiparación de la edad mínima para la jubilación en las mujeres, incrementándola en cinco años, representa un retroceso legal que no solo desvirtúa los avances logrados en materia de igualdad de género, sino que también pone en riesgo la seguridad económica de un segmento vulnerable de la población. Desde un alto índice de mujeres que han sido consultadas por esta medida, han planteado sentirse discriminadas, teniendo en cuenta que por parte del mandatario nacional siente una discriminación, este tipo de segregación no solo afecta la equidad de oportunidades entre géneros, sino que también perpetúa estereotipos y desigualdades que dificultan la construcción de una sociedad justa. En este contexto, es imperativo replantear nuestras concepciones y prácticas en torno a esta problemática.
