El vocero presidencial Manuel Adorni, según su declaración, el gobierno nacional habría presentado una demanda judicial contra el MST, PTS, Libres del Sur y el Movimiento Evita, exigiéndoles el pago de más de 130 millones de pesos en concepto de los costos del operativo represivo desplegado mientras se trataba la ley de bases. Dicho operativo, supuestamente, habría tenido lugar en el marco de las negociaciones en torno a la llamada “ley de bases“, utilizando como sustento el controvertido “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacando la gravedad de las acusaciones formuladas por Adorni, olvidándose que de allí pueden morir o nacer grandes derechos.
La medida se enmarca dentro de una “política represiva y persecutoria” por parte del Ejecutivo nacional, para la cual Adorni, distorsiono los hechos con el fin de justificar la acción. Las fuerzas de seguridad actuaron de manera planificada y violenta contra la manifestación, con la presencia de “infiltrados” que provocaron incidentes, lo que luego derivó en detenciones injustas que se prolongan hasta la actualidad.
Es importante señalar que, si bien los hechos descritos revisten una gravedad considerable, especialmente en lo que respecta a la supuesta persecución judicial y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, es prudente mantener una posición cautelosa y aguardar a que se esclarezcan los detalles y se presenten las evidencias correspondientes. Toda acción represiva o arbitraria por parte del Estado es motivo de honda preocupación y debe ser objeto de un escrutinio riguroso, pero también es fundamental respetar el debido proceso y evitar conclusiones apresuradas.
En este sentido, sería recomendable que tanto el gobierno como las organizaciones involucradas propicien un diálogo constructivo y apegado a la legalidad, a fin de resolver el conflicto de manera pacífica y con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales. La polarización y la confrontación acérrima rara vez conducen a soluciones duraderas y satisfactorias para todas las partes. Por el contrario, el camino del entendimiento, la moderación y la búsqueda de consensos suele ser más fructífero y benéfico para la sociedad en su conjunto.
La situación reviste una gran complejidad y exige una atenta vigilancia por parte de la ciudadanía y las instituciones democráticas, solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas.
Desde la víspera se a observado una extraordinaria muestra de apoyo y solidaridad, tanto en Argentina como a nivel internacional, se puso en movimiento y se expresa masivamente en el Petitorio unitario para rechazar las detenciones y presos por luchar contra la Ley Bases de Milei. Para exigir la libertad de todos, su desprocesamiento y el cierre de estas causas, arbitrariamente armadas, bajo el lema “Manifestarse no es delito, es un derecho”. Se trata de un arco extraordinariamente amplio y unitario, no visto en ocasiones anteriores, que articuló y se expresó en las calles, en las presentaciones, conferencias de prensa y concentraciones como la del martes 18 en Plaza de Mayo. Con esto se puede observar una vez mas la nueva muestra de que el plan de fondo del gobierno es instaurar un régimen político mucho más autoritario, sin respetar nisiquiera los Derechos Humanos fundamentales.
