La Justicia francesa imputó este miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, en una serie de cargos relacionados con el crimen organizado, según informó la fiscal de París, Laure Beaccuau, en un comunicado oficial. La imputación se produjo cuatro días después de la detención del empresario ruso.
Durov fue puesto en libertad condicional bajo estrictas condiciones: debe depositar una fianza de 5 millones de euros (equivalente a 5,55 millones de dólares), presentarse dos veces por semana en la comisaría local y no puede abandonar el territorio francés, según detalla el comunicado.
Cabe destacar que la apertura de una investigación formal en Francia no implica necesariamente culpabilidad ni garantiza que se lleve a juicio, sino que indica que los jueces han encontrado suficientes elementos en el caso para continuar con las pesquisas. Estas investigaciones pueden prolongarse durante años antes de que se decida llevarlas a juicio o archivarlas.
La detención de Durov ha puesto en el centro del debate la responsabilidad penal de los proveedores de aplicaciones de mensajería, reavivando la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y la aplicación de la ley. Este arresto también ha subrayado la compleja y a menudo incómoda relación entre los gobiernos y Telegram, una plataforma que cuenta con cerca de mil millones de usuarios a nivel global.
Mientras el caso avanza, se espera que las implicaciones de esta investigación tengan repercusiones en la manera en que las autoridades abordan la regulación de las aplicaciones de mensajería y su rol en el ecosistema digital.
