La reciente movilización de los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) muestra un claro síntoma de descontento ante las decisiones del gobierno que afectan profundamente su estabilidad laboral. Desde el obelisco hasta las oficinas centrales frente a la Plaza de Mayo, miles de trabajadores han dejado clara su postura: no están dispuestos a aceptar las medidas que ponen en jaque su futuro.
La escalada en las protestas es evidente. Comenzaron con paros de dos horas, una tactica que buscaba visibilizar su intención sin interrumpir por completo el servicio. Sin embargo, la frustración ha crecido y las consignas se han levantado, llevando a jornadas de paros de cuatro horas, y culminando en una convocatoria para un paro total. Este ciclo de protesta es un reflejo del miedo y la incertidumbre que imperan entre los trabajadores tras los anuncios de disolución y despidos, que han generado un clima de tensión palpable en las asambleas diarias en las diversas sedes de la AFIP.
La respuesta del gobierno ha sido la conciliación obligatoria, una medida que, lejos de abordar los reclamos de los empleados, parece más bien un intento por acallar una voz que resuena con cada día que pasa. Este tipo de acciones suelen ser interpretadas como un retroceso, una incapacidad de la administración para dialogar y encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes. La secretaría de Trabajo debería entender que la conciliación no es suficiente para resolver las preocupaciones que resuenan en la calle, ni para calmar el ánimo de los trabajadores.
Las grandes concentraciones en la sede central, a las que han concurrido miles de empleados, son un recordatorio de que la unión y la lucha son fundamentales para defender derechos laborales que, en momentos de crisis, son los primeros en cuestionarse. Es vital que el gobierno escuche a quienes sostienen el funcionamiento de un organismo esencial para la economía del país.
La situación actual es crítica y requiere no solo de la atención del gobierno, sino también de la empatía y la comprensión de la sociedad en su conjunto. Es momento de priorizar el bienestar de los trabajadores y establecer un diálogo auténtico que lleve a soluciones efectivas. La historia reciente nos demuestra que la lucha por derechos laborales es innegociable y que la movilización, como herramienta de resistencia, seguirá siendo una realidad en el camino hacia la justicia y el respeto en el trabajo. La pregunta es: ¿está dispuesto el gobierno a escuchar?
