Sectores de la oposición en la Cámara de Diputados aceleraron las conversaciones políticas para convocar a una sesión especial —prevista para el 7 o 14 de octubre— con el objetivo de definir el rechazo definitivo al DNU 70/2023. La movilización legislativa cobra impulso tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la vigencia del artículo 154 del mega decreto, dejando sin efecto los límites legales para la venta de campos y tierras rurales a extranjeros.
La iniciativa articula las voluntades de bancadas como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores dialoguistas. Al contar ya con la invalidez dictaminada por el Senado en marzo de 2024, un voto mayoritario en la Cámara Baja significaría la derogación total del instrumento desregulador.
Duras críticas y llamados a sesión urgente
Desde los distintos espacios opositores se multiplicaron los pronunciamientos tras la resolución del Máximo Tribunal:
- Unión por la Patria: El jefe de bloque, Germán Martínez, tras reunirse con autoridades del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM La Plata), advirtió que “la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros” y llamó a la movilización. En tanto, la diputada Agustina Propato tildó la medida de “ley de entrega de soberanía”.
- Coalición Cívica: Elisa Carrió sostuvo que el DNU es de “nulidad absoluta” y advirtió que la Cámara de Diputados sería “cómplice del Ejecutivo” si no trata de inmediato su rechazo. Maximiliano Ferraro urgió a activar todos los mecanismos institucionales para frenar la normativa.
- Frente de Izquierda y otros bloques: Myriam Bregman confirmó la predisposición de su bloque para dar quórum y votar en contra, mientras que el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) reclamó una convocatoria inmediata al recinto.
La estrategia del oficialismo para evitar la derrota
Ante la inminencia de un tratamiento en el recinto que compute los votos necesarios para voltear el decreto de 366 artículos, la conducción del oficialismo analiza contraofensivas parlamentarias.
Entre las alternativas impulsadas por La Libertad Avanza se evalúa incluir un capítulo de regulación sobre la propiedad rural —con topes del 15% por provincia y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo— dentro de proyectos alternativos como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de Defensa de la Soberanía Nacional, buscando ofrecer una vía intermedia a los bloques de la oposición dialoguista.
