En los últimos tiempos, el contexto argentino ha estado marcado por una alarmante cifra: el 52,9% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Este dato, que debería ser motivo de preocupación urgente, se agrava con la intervención del gobierno nacional, que, a través de una política de ajuste drástico, justifica la precarización de la educación y otros derechos fundamentales en función de la falta de recursos.
Desde el gabinete nacional se afirmó que se priorizará la alimentación por encima de la cultura, sugiriendo que no es viable aumentar el gasto público sin un plan claro de financiamiento. Sin embargo, el cinismo de tales palabras es evidente cuando se analizan sus decisiones: la reducción de impuestos a empresarios y la preferencia por dejar que los alimentos se desperdicien en lugar de destinar los recursos a los más necesitados evidencian una falta de priorización en el gasto social. Esta lógica nociva contradice el principio básico de un Estado responsable, que debe garantizar el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables.
Asimismo, el sector de los jubilados ha sido gravemente afectado, con cerca de 6 millones viviendo en condiciones de pobreza. A pesar de la retórica del gobierno que busca enmascarar la realidad, la precarización de las jubilaciones continúa. La afirmación de que estas están “10 puntos por encima de la inflación” resulta vacía cuando se considera el impacto del costo de vida sobre el poder adquisitivo de la población.
En este contexto, se vuelven fundamentales las luchas en defensa de la educación y la inversión pública. La desinversión en educación, especialmente en la educación, no solo agrava la situación de quienes enfrentan dificultades; también perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad en el país. La falta de recursos destinados a la educación erosiona el futuro de muchos niños y jóvenes, quienes merecen acceder a las mismas oportunidades que sus pares en contextos más favorecidos.
Como respuesta a este panorama, es imperativo fortalecer el compromiso social hacia una educación inclusiva y accesible. La tarea de defender el presupuesto universitario se convierte en un eje central para contrarrestar la política de recortes que propugna el actual gobierno. Asegurar que la educación siga siendo un derecho y no un privilegio es el camino para construir un futuro donde la pobreza no defina las oportunidades de vida.
Este modelo de ajuste implementado por la administración del gobierno no solo incrementa la pobreza sino que pone en riesgo el acceso a la educación, haciendo notoria la desigualdad…¿La casta se combate con mayor pobreza?
