Las provincias argentinas alertaron que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional podría reducir los fondos que reciben por coparticipación. Según los mandatarios provinciales, las modificaciones tributarias incluidas en la iniciativa —especialmente los cambios en el impuesto a las Ganancias y la eliminación de ciertos impuestos internos— podrían significar una caída importante de los recursos automáticos que la Nación transfiere a las jurisdicciones.
El proyecto propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas y eximir del tributo a los alquileres de casas, lo que, según un informe del IARAF, tendría un costo fiscal directo anual estimado en alrededor de 0,22% del PBI. De esa suma, cerca de $790.000 millones corresponderían al Gobierno nacional y unos $1,12 billones a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
Los gobernadores sostienen que la provincia de Buenos Aires sería la más afectada, con una pérdida estimada de casi $239.000 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza.
Quienes cuestionan la reforma la califican como una “reforma tributaria encubierta”, argumentando que beneficia mayormente a grandes empresas mientras que las provincias soportan el peso de menores ingresos. Además de Ganancias, el texto propone eliminar impuestos internos sobre productos como seguros, telefonía y artículos de lujo, tributos que también se coparticipan y que, al desaparecer, disminuirían la masa distribuible.
Las negociaciones entre el Gobierno y las provincias continuarán en las próximas semanas, con miras a que el proyecto pueda ser debatido en el Congreso a mediados de febrero, aunque el impacto sobre la coparticipación sigue siendo uno de los principales puntos de disputa.
