Dos detenidos en el contexto de la protesta contra la Ley Bases, Cristian Valiente y David Sica, fueron liberados por decisión de la Sala II de la Cámara Federal cuando estaban por cumplir un mes en prisión. En cambio, Patricia Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez seguirán privados de su libertad. El tribunal confirmó los procesamientos de los cuatro, pero hizo un cambio relevante en la calificación: descartó usar el delito de intimidación pública, que había impulsado en un comienzo el fiscal Carlos Stornelli (y que luego convalidó la jueza María Servini) como parte del intento por adjudicar conductas desestabilizadoras y golpistas a quienes fueron capturados. El tribunal atribuyó distintas figuras penales según el caso (incendio, daño y atentado contra la autoridad), lo que deja en evidencia –aunque sea obvio– que no eran una organización dedicada a actividades terroristas como pretendía instalar la fiscalía en línea con el gobierno de Javier Milei. Facundo Gómez, que ya había vuelto a su casa, obtuvo falta de mérito, como las otras 28 personas que ya habían sido excarceladas.
Desde el 12 de junio, cuando se produjeron las 33 detenciones que terminaron bajo la órbita de la justicia federal de Comodoro Py, la causa se fue desmoronando y quedó en evidencia el esfuerzo, en especial del Poder Ejecutivo y de la fiscalía, por adjudicar delitos graves como fuera a quienes se movilizan contra leyes o medidas de gobierno. Las detenciones fueron al voleo y uno de los mecanismos fue hasta arrestar gente que hacía venta ambulante. Hubo interrogatorios sobre pertenencia política o a organizaciones y maltratos físicos tanto por parte de agentes policiales como en lugares de detención. Una verdadera maquinaria para meter miedo y desmovilizar.
Con el correr de los días, primero la jueza Servini otorgó libertades en forma escalonada y luego al evaluar situaciones procesales eliminó imputaciones que había intentado introducir Stornelli. Ella dejó en pie “intimidación pública” y atentado a la autoridad para los detenidos. Sostuvo que algunos imputados buscaban impedir que las fuerzas de seguridad custodiaran el Congreso. A la mayoría les otorgó falta de mérito (que no es igual que un sobreseimiento, ya que la investigación continúa sobre todos/as). Hubo quienes recuperaron la libertad en tres días, otros en seis, hubo quienes demoraron más y todavía quedan en la cárcel Calarco Arredondo y De la Cruz Gómez.
