En los últimos años, el sector del transporte ha sido objeto de diversas reformas legislativas en varios países, centradas en la desregulación y la liberalización de mercados. Recientemente, el Gobierno ha dado un paso significativo en esta dirección al anunciar que los micros de larga distancia dejarán de estar obligados a cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros en su seguro obligatorio. Esta decisión ha generado un amplio debate en la sociedad.
La desregulación en el transporte, si bien puede ser vista como una medida para fomentar la competencia y la eficiencia económica, plantea serios interrogantes sobre la protección del consumidor. La eliminación de la obligación de cubrir riesgos de muerte e incapacidad en el seguro de los micros de larga distancia implica que, en caso de un accidente, los pasajeros o sus familias podrían enfrentarse a cargas financieras devastadoras. El Estado, al tomar esta decisión, parece priorizar la reducción de costos para las empresas de transporte en lugar de salvaguardar la seguridad y los derechos de los usuarios.
