La Secretaría de Transporte, a través de la CNRT, lleva a la Justicia una solicitud para asegurar el derecho de viaje sin costo a personas con discapacidad. Las empresas habían dejado de permitir el uso gratuito tras la desregulación del sector por parte del propio Gobierno.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), los representantes del sector mostraron su rechazo a la reciente avalancha de sanciones y multas, argumentando que las empresas ya no cuentan con subsidios estatales y enfrentan una creciente presión financiera. Según voceros de CELADI, la gratuidad para personas con discapacidad afecta especialmente a los operadores más pequeños, quienes alegan desigualdad de condiciones frente a los nuevos actores que pueden prestar el servicio sin asumir las mismas responsabilidades.
Por su parte, la Secretaría de Transporte considera que la medida cautelar es necesaria para reafirmar la vigencia de los derechos adquiridos y evitar el abuso por parte de las empresas, que en varios casos han interpretado la nueva normativa como un desligamiento de sus obligaciones hacia el sistema de protección integral para personas con discapacidad. Los voceros de la Secretaría aclararon que el gobierno “continuará con las sanciones a aquellos que no respeten el acceso gratuito al transporte para quienes tengan su certificado de discapacidad en regla”. La acción legal impulsada busca que la Justicia ordene a CELADI y sus empresas asociadas a “cumplir con sus obligaciones en el marco del sistema de protección”, aseguraron desde la CNRT.
