En una jugada que buscó ganarle tiempo a la polémica, Martín Menem pospuso durante varias horas la tramitación del proyecto que restringe de manera severa la capacidad de los presidentes para emitir decretos de necesidad y urgencia (DNU). La oposición presionaba al presidente de la Cámara de Diputados para acelerar el trámite, mientras el Gobierno veía en la demora una estrategia para evitar una sesión climática y una posible derrota parlamentaria en la previa de los comicios.
Finalmente, en la tarde de este jueves, la maniobra dilatoria de Menem llegó a su fin y el titular de la Cámara Baja remitió al Senado la iniciativa. El proyecto propone límites mucho más estrictos a la facultad presidencial de dictar DNU, buscando encauzar su uso a escenarios excepcionales y con controles más robustos.
Aunque la maniobra logró su objetivo inmediato de evitar un debate intenso en el Senado en los días previos a las elecciones, fuentes cercanas señalan que el objetivo político del diputado riojano habría sido cumplido: evitar una sesión caliente y un resultado adverso para el Gobierno antes del 26 de octubre. El envió del texto al Senado abre una nueva etapa de discusión en la Cámara alta, donde la propuesta deberá ser debatida en un contexto electoral marcado por la expectativa y la polarización.
¿Qué cambia exactamente con la reforma?
- Más estrictos criterios para la expedición de DNU.
- Reglas más claras sobre la duración y revisión de estos decretos.
- Mayor papel de los organismos legislativos en la verificación de la necesidad y urgencia.
Analistas señalan que, de prosperar la reforma, el ejecutivo quedaría sujeto a un sistema de salvaguardas más riguroso frente a medidas de carácter urgente. En el corto plazo, la discusión en el Senado podría adelantarse a una votación, dependiendo de la dinámica política y de los acuerdos entre las bancadas.
