El Gobierno de Javier Milei, junto al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, impulsó una privatización masiva de la red vial nacional mediante el Decreto 28/2025. La medida contempla la concesión de más de 700 km de rutas clave para el mantenimiento y operación bajo gestión privada.
El plan incluye tramos estratégicos del Corredor Vial 18, como las rutas nacionales 12, 14, 133, A-015, 117 y 174. La idea oficial es “delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento”, argumentando una reducción del gasto público.
Aunque el Gobierno presenta este esquema como una apertura al mercado, no todo es privado: se adoptó un modelo mixto de financiamiento. Hasta 70 % de la inversión estimada podría proceder de fondos públicos, con préstamos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Algunas de las constructoras que resultaron adjudicatarias están vinculadas a la llamada “obra pública tradicional” —incluso con antecedentes polémicos.
Además, el Ejecutivo ya lanzó la segunda etapa del proceso, convocando a licitaciones nacionales e internacionales para nuevos trayectos. Con estas decisiones, se reactivan modelos de peaje similares a los de los años 90: se restaurarán estaciones de cobro en rutas como las del Mercosur, y se proyectan aumentos tarifarios progresivos.
Desde sectores críticos advierten que la medida golpeará la “libertad de circulación” y que, bajo la promesa del libre mercado, el Estado podría volver a asumir gran parte del riesgo financiero.
