En el marco del operativo denominado Plan Güemes, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich aseveró que, a través de ese dispositivo lanzado en el día de la fecha, se le dará un golpe certero al narcotráfico, al sicariato y a la trata de personas. La afirmación no es un tema menor, a poco que se observe que la decisión de viajar a la frontera y anunciarlo delante de las tropas de las fuerzas de seguridad reunidas al efecto, el Gobierno Nacional dio un viraje importante en el abordaje de una cuestión tan difícil como compleja y decidió asumir la responsabilidad que le toca en materia de seguridad, no ya de las fronteras, sino del país en su conjunto. Si algo desborda todo el marco de la seguridad del Estado es precisamente el narcotráfico, en sus diferentes formas de actuación más su poder de corrupción que en los últimos años, avanzó en forma desmesurada en nuestro país. La Ministra Bullrich aseguró que la Prefectura naval Argentina finalmente se asentará en el territorio provincial, quien de esa forma tendrá apostaderos de las cuatro fuerzas de seguridad nacionales. Este anuncio es una repuesta directa al pedido y la gestión que llevó a cabo el gobernador Gustavo Sáenz, quien además viene insistiendo en forma reiterada con la necesidad de que se efectivice de una vez por todas la instalación de radares y se sancione la Ley de Derribo, instrumento imprescindible en la lucha contra el tráfico aéreo clandestino de drogas.
Lo acontecido en el día de hoy, no es simplemente una buena noticia para la seguridad, sino un dato político de vital importancia, porque desde hace mucho tiempo enel ámbito provincial se venía insistiendo con la necesaria participación del Estado como factor determinante en su responsabilidad crucial en la lucha contra las mafias de la droga. La propia realidad lo fue empujando a comprender los reclamos airados del gobernador de Salta y la razón de su persistencia en la materia. Claramente, en la visión de Gustavo Sáenz la cuestión no solamente excede las posibilidades de Salta en dar un combate frontal y directo a los traficantes de estupefacientes, sino que sin la presencia activa del Estado Nacional el propósito se hubiese tornado absolutamente ilusorio.
Es al Estado nacional a quien legalmente le incumbe hacerse cargo del asunto y a la vez ir sumando a las provincias que en algunos puntos de su territorio se encuentran jaqueadas por situaciones que desbordan cualquier previsión posible. Lo que sí llama poderosamente la atención es el abrumador silencio de quienes suelen ser ácidos críticos de la gestión provincial, dado que parecería que el narcotráfico no es un tema que parezca interesarles, un mucho menos preocuparles. En los países que han sido exitosos en la lucha contra la droga, los oficialismos y la oposición han aunado criterios para enfrentarse a las mafias y no han escatimado esfuerzos en conjunto para poder hacerlo. En nuestra provincia, inversamente, parecen tomar distancia o simplemente mantenerse silentes ante una realidad sobre la cual tienen la obligación moral de pronunciarse, sugerir ideas, o al menos apoyar el aumento e instalación de nuevas fuerzas en el ámbito salteño. Mientras ello no ocurra, que no señalen después otros temas como si fuesen los dueños de la verdad, porque parecería que justamente es la verdad lo que más les molesta.
