La reciente administración presidencia ha estado marcada por un discurso de fuerte propaganda que frecuentemente ignora la realidad económica del país. Si bien el gobierno se ha presentado como un defensor de un ajuste fiscal severo, los datos disponibles ocho meses después de su asunción indican que la economía argentina no solo sigue en crisis, sino que en algunos aspectos, la situación es incluso más grave que la que se heredó de la gestión anterior. Este panorama se ve agravado por una serie de decisiones que, lejos de estabilizar la economía, han contribuido a un deterioro más acentuado de las condiciones de vida de la población.
El ajuste fiscal, tan aclamado por el gobierno y acompañado de slogans como “la motosierra vino para quedarse eternamente”, revela una falta de consideración por las limitaciones intrínsecas a este tipo de políticas. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como numerosos economistas advierten que el ajuste tiene sus límites, especialmente en términos temporales. La drástica reducción del gasto público, lejos de generar un superávit fiscal sostenible, ha llevado a un alarmante incremento de la pobreza, que se ha disparado a niveles que desbordan las estimaciones más pesimistas.
Por otro lado, la economía argentina se encuentra atrapada en un ciclo de recesión e inflación. Las cifras son contundentes: dos trimestres consecutivos de retracción de la actividad económica han llevado a muchos a calificar la situación actual como una recesión definida. En este contexto, el ajuste ha tenido efectos devastadores en el mercado laboral, con más de 170,000 despidos en el sector privado y al menos 30,000 en el Estado. Las suspensiones y la incertidumbre laboral se han vuelto una constante en la vida cotidiana de los argentinos.
La caída del consumo en el país es quizás el indicador más preocupante de esta crisis. Las ventas mayoristas y minoristas, en especial en supermercados, han registrado descensos históricos. Durante los primeros cinco meses de 2023, se observó una disminución del 9.7% interanual, con una continuidad del desplome que alcanzó el 18% interanual en junio y julio. Las ventas mayoristas también sufrieron un descenso del 13.1%, mientras que los shoppings enfrentaron caídas en todas las categorías. Esta reducción en el consumo está directamente relacionada con un agravamiento de la inflación, lo que contradice la narrativa positiva del gobierno que intenta celebrar la caída de los índices inflacionarios.
Las medidas de austeridad implementadas por el gobierno nacional están generando un impacto adverso en la economía real, poniendo de manifiesto una contradicción fundamental entre la visión propagandística de la administración y la dura realidad que enfrenta la población. La incapacidad para generar un crecimiento económico sostenible y la creciente pobreza son evidencias claras de que el camino emprendido es insostenible y que se requiere una revisión profunda de las políticas económicas actuales. En lugar de profundizar el ajuste, es imperativo que se considere una estrategia que priorice el bienestar de los ciudadanos y propicie un marco más inclusivo y equitativo para el desarrollo económico del país.
