El reciente Decreto 765/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por los funcionarios Francos y Cuneo Linarona, introduce cambios significativos en el marco del derecho de autor en Argentina. Estos cambios tienen la potencialidad de afectar de manera desfavorable a los músicos y cineastas, al tiempo que favorecen a grandes actores del sector turístico como cadenas hoteleras y locales de eventos. Este decreto representa un nuevo desafío para un sector cultural que ya atraviesa por tiempos difíciles, intensificando las críticas hacia las políticas del gobierno de Javier Milei.
El Decreto 765/2024 redefine ciertos aspectos clave del artículo 36 de la Ley N° 11.723, que rige el derecho de autor en el país. En particular, la modificación introducida establece que “a los efectos del art. 36, se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe -cualquiera que fueren los fines de la misma- en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”. Este enfoque parece restringir la definición de lo que se considera una representación pública, al tiempo que introduce un concepto de privacidad que puede ser interpretado de diversas maneras.
La redacción del decreto plantea un concepto ambiguo respecto a lo que constituye un ámbito privado, señalando que “no existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal”. Esta diferenciación genera una serie de cuestionamientos y potenciales litigios sobre qué espacios y eventos caen bajo el amparo de la ley de derechos de autor.
Las implicancias de este decreto son alarmantes para los músicos, cineastas y demás creadores que dependen de los derechos de autor como una fuente significativa de ingresos. Al redefinir lo que se considera una ejecución pública, se corre el riesgo de que muchos eventos, que antes generaban ingresos por concepto de derechos de autor, queden fuera de este marco al clasificarse como eventos en ámbitos “privados”. Esto podría traducirse en una disminución notable de los ingresos esperados por los artistas, particularmente en un sector que ya se ha visto afectado por la polarización económica y los recortes en financiamiento cultural.
Además, esta redistribución de los derechos favorece a entidades privadas que organizan eventos en espacios que podrían declararse “privados” ante la nueva normativa. Cadenas hoteleras, por ejemplo, podrían beneficiarse de la ambigüedad del decreto, al realizar eventos en sus instalaciones sin temor a enfrentar el cobro de derechos que, hasta ahora, era un ingreso crucial para los artistas. Esto no solo afecta las finanzas de los músicos, sino que también podrían limitar la diversidad y la riqueza cultural en eventos públicos, al primar la lógica comercial por encima de la equidad en la compensación.
Es esencial señalar que la cultura es un sector que, históricamente, ha sufrido las consecuencias de políticas económicas y sociales desfavorables. La implementación del Decreto 765/2024 se suma a una serie de medidas que, bajo la administración de Milei, han socavado las oportunidades de los artistas de recibir una compensación justa por su trabajo. Este patrón, por ende, refleja una falta de compromiso con la promoción y protección de la cultura nacional, que encuentra en el derecho de autor una defensa esencial para la sostenibilidad de sus creadores.
Además, el impacto de estas políticas no solo afectará a los artistas contemporáneos, sino que puede prolongar una cadena de desapego hacia el arte y las manifestaciones culturales en general. La percepción de que el trabajo creativo puede ser explotado sin un justo retorno puede desmotivar a las futuras generaciones de artistas y creadores, generando una disminución en la producción cultural y la diversidad artística en el país.
El Decreto 765/2024 se presenta por tanto como un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden influir en el desarrollo y la sostenibilidad del sector cultural en Argentina. Al favorecer a las grandes corporaciones en detrimento de los derechos de los creadores, se establece un precedente preocupante que pone en riesgo la vitalidad y la creatividad de la cultura nacional. Es imperativo que se realice un proceso de revisión y discusión en torno a este decreto, considerando las voces de los artistas y defensores de la cultura, con el fin de establecer un marco que no solo proteja los derechos de autor, sino que también garantice la equidad y el reconocimiento de quienes contribuyen a la riqueza cultural del país.
