Obtuvieron media sanción los proyectos de reiterancia delictiva y juicio en ausencia

El primero refuerza las herramientas legales para prevenir la reincidencia y el segundo apunta a esclarecer la causa AMIA; son dos iniciativas impulsadas por Bullrich; el Senado define

Por una amplia mayoría, el proyecto que busca endurecer el régimen jurídico para evitar la reiterancia delictiva obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa oficialista fue acompañada por sus aliados habituales, así como por Pro, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y casi todos los radicales de Democracia. Reunió 138 a favor, 94 en contra y 1 abstención.

La Cámara también dio luz verde a la implementación del juicio en ausencia, cuyo objetivo es juzgar delitos graves sin la presencia de los acusados. Apunta a esclarecer los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, donde hay ocho ciudadanos iraníes implicados. Logró 147 votos positivos -entre los que se contó a 13 de UP-, 68 rechazos y 9 abstenciones. En disidencia de su bloque, apoyaron este proyecto los diputados massistas, el jujeño Guillermo Snopek, las peronistas mendocinas Eugenia Alianello y Liliana Paponet, y el tucumano Pablo Yedlin.

Las medias sanciones se girarán al Senado, donde es probable que el kirchnerismo, que retiene 34 de de las 72 bancas, intente boicotear las iniciativas impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La idea de estas leyes apunta a reforzar las herramientas legales para prevenir la reincidencia y la reiterancia delictiva a partir del establecimiento de criterios claros para restringir la libertad en función de los antecedentes penales y el riesgo de nuevas conductas delictivas. Define como “reincidente” a quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.

Busca que, al evaluar la posibilidad de otorgar la excarcelación a un imputado, los jueces consideren la existencia de múltiples causas penales en trámite como un indicio de riesgo procesal. Es decir, si una persona está siendo investigada en varias causas por delitos que conllevan penas privativas de la libertad, esta situación podría ser interpretada como una señal de que, al recuperar su libertad, el imputado podría intentar eludir a la justicia.

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