Mientras que un reducido grupo de dirigentes refractarios como Emiliano Estrada y los diputados de La Libertad Avanza, salieron a minimizar los objetivos del Pacto de Junio, propuesto por el gobernador Gustavo Sáenz, afortunadamente la mayoría del arco político, los ex gobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, el Consejo Económico y Social y una gran cantidad de miembros destacados de sectores de la producción y el comercio de Salta advirtieron que además del pronunciamiento en sí que importa el documento que propone Sáenz, la intención que anima al mandatario es superadora de la coyuntura, porque lo que se busca es que obras públicas que tienen comienzo de ejecución en Salta y las que estaban previstas no se suspendan ni detengan definitivamente.
Llama la atención que esta convocatoria sea desdeñada o que se la tome de manera oportunista, porque en la vida de los pueblos, muchas veces los acuerdos sinceros y sin intereses mezquinos son los que permiten avanzar y fortalecer el sistema institucional y mejorarle la vida a la gente. Con mayor razón, cuando ya es irrefutable que desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno nacional, hasta la fecha, los recortes presupuestarios a las provincias ascienden al 83%. Esta decisión política importa que todo el país, no sólo una parte, sea también una variable del inconmensurable ajuste que lleva a cabo el presidente Milei, con sus apotegmas electrodomésticos de la licuadora y la motosierra.
Paralelamente, en la Cámara de Diputados de la Nación se produjo un hecho, que fue advertido hace meses por la representante del Fondo Monetario Internacional Gita Gopinath y es que la protesta social no necesariamente se manifieste en las calles, sino en formas diferentes. En efecto, en la sesión del pasado martes se produjo un hecho absolutamente impensado hasta semanas atrás y es que la mayoría de los bloques de la oposición, dialoguistas y no dialoguistas, aprobaran juntos por abrumadora mayoría un proyecto de ley que les suma un 8% a los jubilados por sobre el 12% que había otorgado el gobierno apenas asumió. La oposición en su conjunto se hizo eco de que el sector pasivo es donde la onda expansiva de la feroz licuadora, aniquiló los haberes de los pasivos, al punto que fueron la variable de ajuste más despiadada. La crueldad nunca puede ser una virtud en la forma de gobernar. Tarde o temprano genera reacciones adversas.
Quiere decir, entonces, que el Pacto de Junio, lejos de ser una expresión de deseos es la lectura correcta y preocupada por la realidad de las provincias: suspensión y cancelación de la obra pública, más un recorte inconsulto que las deja en una situación financiera absolutamente precaria equivale prácticamente a tumbarlas ¿No ven esto los legisladores que no adhieren al Pacto? Alguna vez lo dijimos y lo reiteramos, el ajuste que no reconoce – según el propio presidente – precedentes en la historia de la humanidad no es contra los gobernadores o las provincias como entes abstractos, sino contra el pueblo argentino y quienes se oponen, no miden las consecuencias sociales catastróficas que ya se están produciendo, tales como que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, haya tenido que “sembrar” de alimentos básicos de la canasta familiar todo el recorrido de la nave central de la catedral metropolitana. Un hecho inédito en la historia argentina.
El Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina, ha señalado que la pobreza escaló al 55% y que como consecuencia del ajuste, la motosierra y la licuadora, en los primeros seis meses del año, la indigencia subió un 13%. Curiosamente, la diputada Emilia Orozco salió con los tapones de punta en contra del aumento jubilatorio, sin pretexto de que esa suba afecta la política del déficit cero, cuando si se analizan objetivas los números del presupuesto, es fácil concluir que ese exiguo incremento al sector pasivo a lo único que tiende es que no empiece a morir gente de hambre en la Argentina, tal como sucede en otros países del mundo. La diputada Orozco, pese a su juventud, poco a poco va demostrando su desinterés absoluto por los padecimientos sociales. Aspira ser gobernadora de Salta.
La falta de apoyo de los diputados Estrada, Zapata, Orozco y Moreno al Pacto de Junio revela un asombroso desinterés por el mantenimiento de la infraestructura que afecta directamente al sector productivo de la provincia y en otros casos, a la propia dignidad de la gente y en la totalidad al pueblo de Salta en su conjunto ¿Que proponen al respecto? Nada. Consentir un ajuste monstruoso, que la provincia pierda partidas presupuestarias cuantiosas que le corresponden legítimamente, que la infraestructura se vaya volviendo caduca, se rompa y hasta se vuelva peligrosa y que los jubilados, deban soportar lo más siniestro del ajuste, sin tener en ellos a quienes los defienda y contenga.
Ni hablar de los 270.000 despidos en el sector privado más los 130.000 en el sector público. Es decir que la discusión política que se viene, no será ya únicamente económica: sino entre el humanismo y la dignidad de las personas contra un ajuste despiadado al que en palabras del presidente, le importa tres carajos que haga el Congreso, por intentar paliar situaciones desesperantes. Nunca Milei fue más sincero.
