Alejandro Daniel Cedrón fue condenado a cinco años y 3 meses de prisión y María Rosa Manzano, a cinco años de prisión. El juez Eduardo Sángari ordenó su inmediata detención y traslado a la Alcaldía. También ordenó una indemnización para las 27 víctimas de estafa.
El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, halló culpables del delito de estafa a los directivos de la financiera Agrinvert y ordenó la inmediata detención de la pareja compuesta por Alejandro Daniel Cedrón y María Rosa Manzano.
En sintonía con lo solicitado por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, el juez Sángari ordenó una indemnización para las víctimas, debiendo volver las cosas al estado anterior de la realización de los hechos. Para esto, se dispuso la emisión de oficios al Banco Central de la Nación Argentina, al Registro de la Propiedad Inmueble de todas las provincias y a la Dirección Nacional del Registro Automotor. En caso de resultados positivos, se ordenarán embargos sobre los bienes informados hasta cubrir la suma de capital e intereses adeudados a las 27 víctimas, con montos actualizados.
Asimismo, el juez hizo lugar a la demanda civil interpuesta por una de las víctimas, ordenando a los tres sentenciados a pagar $338,000 y US$20,000 más intereses, además de $350,000 en concepto de daño moral, una vez que la sentencia sea firme.
Tras la lectura de la sentencia, la fiscal Salinas Odorisio destacó la importancia del fallo, señalando que se trata del primer juicio por estafas con el sistema piramidal en la provincia de Salta.
La causa
La intervención de UDEC comenzó en 2019, cuando varias personas denunciaron haber firmado contratos de «Mutuo pesos» con la financiera Agroinvert S.A., entregando diversas sumas de dinero con el propósito de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a devolver el crédito en un plazo determinado, incluyendo el reintegro del capital más los intereses acordados.
Según el testimonio de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel de cinco estrellas en la capital salteña y presumían de tener un alto poder adquisitivo. En un principio, la financiera cumplió con el pago de los intereses, lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agroinvert. Sin embargo, poco tiempo después, la financiera dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejando de atender los teléfonos y responder mensajes.
