El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva al expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos a través de Nación Seguros. La medida incluye un embargo de $14.634 millones sobre los bienes del exmandatario.
El fallo sostiene que, durante su mandato, Fernández impulsó un esquema que centralizó la contratación de seguros en una sola empresa estatal mediante el decreto 823/2021. Esa normativa obligó a todos los entes del Estado nacional a operar exclusivamente con Nación Seguros, lo que habilitó un sistema de intermediación dirigido por brókers privados con vínculos directos con el entorno presidencial.
El juzgado determinó que el grupo encabezado por Martínez Sosa funcionó como núcleo organizador de otros intermediarios. Las firmas asociadas pasaron de percibir comisiones mínimas antes de 2019 a cifras que crecieron de forma exponencial a partir del segundo año de gestión del Frente de Todos. La compañía principal, por ejemplo, recibió solo $151.000 entre 2017 y 2019, pero en 2022 y 2023 concentró pagos por más de $385 millones.
El juez señaló que Fernández conocía adoptó decisiones administrativas que facilitaron su implementación. A su vez, destacó el rol clave de Cantero, quien desde su cargo como secretaria privada del Presidente habría gestionado reuniones y vínculos con organismos públicos, articulando en favor de los intereses de su pareja y del grupo empresario.
