En medio de un contexto de violencia generalizada, de una fuerte caída del poder adquisitivo, con salarios que están siempre por debajo de la inflación pese a una incipiente desaceleración. Con niveles de pobreza que aumentaron al 49%, es decir que alrededor de 29.4 millones de personas son pobres en Argentina y con fuerzas de seguridad empoderadas en el uso de las armas, se discute bajar la de edad de imputabilidad.
Resulta preocupante y paradójico, dar prioridad a una ley que castiga la niñez. En el caso de la edad de punibilidad, que fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático. Volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
Se discute la edad para la baja de imputabilidad, en un proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional. La ministra de seguridad y el ministro de justicia, dijeron que el tema de la edad concreta de baja de imputabilidad no está cerrado. Mientras que Bullrich pretende bajar de 16 a 14 para los delitos comunes, en el caso de los homicidios plantea bajar a 12 años la edad de imputabilidad. Cúneo Libarona considera que se debe bajar todo a los 14 años. El proyecto de ley será enviado en los próximos días.
Es en los niños y adolescentes donde más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud y la violencia institucional policial. Pareciera que no existe la intención política de castigar los delitos de guante blanco, es decir los delitos de los grandes evasores. Forma parte del gabinete de Milei La Canciller Diana Mondino, cuyo nombre (y el de su marido) se vinculan al ex Banco Integrado Departamental (BID), un banco cooperativo de Venado Tuerto, y el llamado “fraude bancario más grande de la historia argentina”.
Castigar a un sector vulnerable, como son los niños y adolescentes con derechos adquiridos es el resultado de políticas con un fuerte achicamiento del estado social que agranda las desigualdades, y que como contracara presenta un fortalecimiento del estado penal. Esta es una de las acciones del liberalismo, una gestión punitiva, la del “estado penitencia”, frase que acuña el sociólogo Loic Wacquant, en su trabajo “Las cárceles de la miseria”.
El Estado debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061.
“El que fuga es un héroe”, alentó Javier Milei en el Foro de Llao Llao, ante un centenar de empresarios. “No importa de dónde venga la plata”, redobló. Lo destacable para el mandatario es fugar dinero y lograr “escaparse de las garras del Estado”. Como presidente incurre en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Conoce y no le importa la Ley de Ética pública. Lo que nos queda claro a los argentinos es que viene a destruir el Estado “… soy el que destruye el Estado desde adentro” confesó con tono sarcástico en una entrevista. En este caso el Estado, el enemigo para el jefe de Estado, es el pueblo argentino. Vienen por lo construido, vine a destruir todo.
