La Cámara Federal revocó el sobreseimiento dispuesto por la jueza Servini; el caso se inició por declaraciones del exministro Martín Guzmán. En esta cámara se investiga si prolongó de manera innecesaria la cuarentena por el coronavirus, iniciada en marzo de 2020 y que se mantuvo durante 19 meses por razones políticas.
La Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, resolvió revocar el sobreseimiento de Fernández que había sido dispuesto por la jueza María Servini.
Tras la apelación del fiscal federal Carlos Stornelli, el tribunal consideró que la decisión de la jueza de sobreseer fue “prematura”, y ordenó “continuar con el trámite de la pesquisa”.
La causa judicial se inició a raíz de unas declaraciones del exministro de Economía Martín Guzmán quien había señalado que “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” de Alberto Fernández y que por ese motivo “la extensión (de las restricciones sanitarias) fue más larga de lo que debió haber sido”.
Los posibles delitos por los que se investiga al expresidente de la Nación son los de “abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público”.
La Cámara Federal hizo lugar a la apelación de Stornelli, quien cuestionó que se hubiera arribado a un cuadro de “certeza negativa” de que el hecho no ocurrió y, por el contrario, sostuvo que la investigación no estaba agotada.
Los camaristas dijeron que las pruebas recolectadas “resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativa que permita solventar la decisión adoptada”.
El tribunal sostuvo que “no es posible soslayar la opinión del Ministerio Público Fiscal de ambas instancias [Stornelli y el fiscal de Cámara] en cuanto a la necesidad de agotar todos los medios disponibles para esclarecer los eventos denunciados”.
Entre las principales falencias detectadas en la investigación, la Cámara señaló que existen aristas “inexploradas”.
Por ejemplo, en la denuncia se argumentó que quedó constatado que el Gobierno contrató estudios de “medición del humor social, valoración de la gestión y nivel de acuerdo con el plan económico”. El tribunal advirtió que los resultados de estos estudios “no han sido incorporados a la encuesta”.
Tampoco se realizó un “análisis comparativo regional” como pidió el fiscal, sobre “la extensión de las medidas de aislamiento dispuestas, su evolución y conveniencia”, con el propósito de contar con un parámetro objetivo que permitiera acreditar o descartar la hipótesis denunciada.
La Cámara resaltó que el Ministerio de Salud señaló que “no se contaba con informes de ese tipo” y que no fue posible dilucidar estos extremos con el testimonio de la Directora Nacional de Epidemiología, quien “refirió no poder dar respuesta a los interrogantes cursados debido a no haber prestado funciones en el lapso escrutado”.
En conclusión, la Cámara Federal sostuvo que “existen extremos fácticos que aún no han sido suficientemente investigados, siendo necesario contar con los elementos mencionados, a fin de obtener un panorama más íntegro respecto del suceso investigado”.
Por lo tanto, decidió revocar la decisión de la jueza Servini y realizar las medidas de prueba pendientes.
Alberto Fernández había solicitado que se confirmara su sobreseimiento y el cierre de la causa. Argumentó que Guzmán había señalado que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que “en pandemia todas las decisiones son de salud pública”.
La defensa dijo que las medidas de prueba que pidió el fiscal eran inútiles y señaló que las decisiones de restricción se adoptaron tras escuchar a un comité de epidemiólogos, psiquiatras y gobernadores.
Indicó, además, que se respetó el trámite administrativo y luego fue aprobado por el Poder Legislativo. Admitió la existencia del estudio de humor social, al señalar que “todos los gobiernos acuden a las encuestas para indagar como impactan sus políticas”.
El ASPO
Alberto Fernández anunció la noche del 19 de marzo de 2020 el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que comenzaría esa medianoche y que se extendería, en principio, hasta el siguiente 31 de marzo, con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el país.
Según los datos que el Ministerio de Salud analizó desde el 3 de marzo, cuando se registró el primer caso positivo de Covid-19 en la Argentina, se habían contabilizado 97 infectados en 11 jurisdicciones y tres de ellos habían muerto.
El aislamiento, que en un principio era hasta el 31 de marzo de 2020, comenzó a extenderse con el paso de las semanas. Primero se aplazó hasta el 10 de abril y luego hasta el 26 de ese mes. Cada aproximadamente 15 días, se oficializaba una nueva prórroga.
Poco a poco, empezaron las flexibilizaciones. El 24 de junio, se estableció en 19 provincias el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), que permitía el regreso de algunas actividades siempre y cuando se respetaran los protocolos sanitarios. Buenos Aires y la Ciudad, que eran los distritos que más casos registraban, no tuvieron ese beneficio.
El DISPO recién llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 11 de noviembre, casi nueve meses después del comienzo del aislamiento. De esa manera, las personas quedaron habilitadas a circular dentro de la ciudad donde residían.
Ya en 2021, gracias a la llegada de las primeras vacunas, algunos distritos -como la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy- aplicaron el regreso a la presencialidad en las clases.
No obstante, en mayo de 2021 comenzó la segunda ola de contagios y la situación se recrudeció. Se dio marcha atrás y se estableció una nueva cuarentena estricta de nueve días. Esa fue la última de ese tipo que vivió el país.
En total las restricciones se extendieron desde el 20 de marzo de 2020 hasta octubre de 2021 cuando el Gobierno anunció el levantamiento casi total de las medidas, el fin del uso obligatorio del barbijo al aire libre, el regreso pleno a las aulas y los eventos sin aforo. Habían pasado 19 meses.
En el primer año de la pandemia, se registraron 2,1 millones de infectados y 52.000 muertos por coronavirus; en el segundo año, 9 millones de contagios y 127.000 víctimas mortales, mientras que en el tercer aniversario, los casos acumulados superaron los 10 millones y los fallecidos fueron unos 130.400.
