Ya son 9 los imputados y 6 de ellos tienen en su haber el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Este lunes dieron a conocer la ampliación de la imputación penal y la extensión del plazo de investigación por el caso de una red de trata en la ciudad de Salta. Según lo informado el grupo organizado captaba menores que asistían a un colegio público de la zona sur, aunque también están implicadas otras alumnas de instituciones privadas. Hasta el momento son 33 las víctimas y 9 los sospechosos.
“Se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia donde requirió que se extiende el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026. Se sabe que quien lleva adelante la investigación es el fiscal Eduardo Villalba y quien hizo lugar al pedido fue el juez Julio Bavio.
De la audiencia -que se desarrolló el 16 de diciembre pasado y se extendió por más de seis horas- también participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, en representación de 16 menores; la abogada Sandra Domene, querellante particular por una víctima; los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas en representación de otra adolescente y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma.
Cabe recordar que la formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, tras la detención de cuatro personas, que fueron imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.
Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata sexual. Tras las detenciones que se concretaron entre septiembre y noviembre y ante el avance de la investigación, el número de víctimas pasó de 3 a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Cinco de ellos, en tanto, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.
La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.
Al fundar la ampliación de las imputaciones, el fiscal general dejó en claro que las nuevas calificaciones adjudicadas a los detenidos surgen de las numerosas evidencias recolectadas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos que ya pudieron ser peritados, los reportes de transferencias bancarias y los informes de las redes sociales.
Consideró que dichas evidencias coinciden con detalles que fueron revelados por las víctimas, tanto respecto a la identificación de cada uno de los implicados, como los lugares en que se consumaba la explotación sexual, tales como hoteles alojamientos ubicados sobre la ruta 26, o bien, en las viviendas de algunos de los acusados.
No obstante, la fiscalía sostuvo que aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual, siendo este uno de los argumentos que fue expuesto para solicitar la ampliación del plazo de investigación, fijado por el juez para el 26 de marzo del 2026.
El otro fundamento expuesto estuvo vinculado a las entrevistas en Cámara Gesell que aún están en proceso, un elemento que fue considerado vital dado que se trata de relato de las víctimas. Según comentó, algunas de ellas hasta expresaron sentirse atemorizadas. En tal sentido, el fiscal general develó que, en determinados casos, se pudo establecer que algunos de los acusados, antes de ser detenidos, amenazaron a las menores para que no sean delatados, situación que llevó a tomar medidas de protección hacia las víctimas.
