La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves 15 de octubre en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la defensa de la educación pública, culminó con graves momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso y en Plaza de Mayo debido a la represión ejercida por las Fuerzas de Seguridad.
Durante la movilización, la policía arrojó gases lacrimógenos y desplegó camiones hidrantes contra los manifestantes. Los incidentes se desataron tras la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados, donde estaba previsto debatir la derogación del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y la situación presupuestaria de los sectores vulnerables.
El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, bajó al recinto tras los disturbios y cuestionó duramente el accionar policial. “Hubo una provocación”, afirmó, al tiempo que cuestionó que las fuerzas de seguridad, cuyo rol debería ser garantizar el desarrollo pacífico de la protesta, terminen reprimiendo las manifestaciones ciudadanas. La tensión escaló hasta tal punto que, durante el acto central en Plaza de Mayo, los gases lacrimógenos llegaron hasta el escenario, obligando a interrumpir la lectura del documento final elaborado por estudiantes, docentes y rectores.
Reclamos salariales y convocatoria masiva
La protesta contó con el respaldo de gremios docentes, nodocentes, organizaciones sociales, la CGT, las CTA y diversos movimientos populares. El eje central del reclamo giró en torno a la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema de educación superior.
Al respecto, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, expuso la crítica situación que enfrentan los trabajadores del sector: “El cargo testigo que tenemos percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”. A pesar de los operativos de seguridad y la represión registrada en los puntos neurálgicos de la protesta, la comunidad universitaria ratificó su plan de lucha en defensa de los salarios, las becas estudiantiles y la vigencia de la ley de financiamiento.
