El gobernador Gustavo Sáenz, volvió a endurecer su postura frente a los conductores alcoholizados y fue contundente: quienes no respeten la ley deberán hacerse responsables de sus actos.
La iniciativa apunta a que quienes provoquen siniestros viales bajo efectos del alcohol paguen los costos que generan, especialmente en el sistema de salud pública, donde las atenciones pueden implicar gastos millonarios.
Además, el planteo incluye alternativas como el pago directo de los gastos médicos o la realización de trabajo comunitario en caso de no contar con recursos, buscando así sanciones más efectivas que las multas tradicionales.
En ese sentido, Sáenz fue claro en su mensaje: el objetivo es que “el que no cumple, se hace cargo”, en un contexto donde consideran que las sanciones actuales no alcanzan para frenar la problemática del alcohol al volante.
La propuesta generó debate, pero también puso el foco en el impacto económico y social de los accidentes causados por conductores ebrios, y en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y responsabilidad individual.
