El Gobierno provincial formalizó la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Estado Nacional para cancelar un saldo neto en contra que supera los 265.914 millones de pesos. El entendimiento económico contempla un cronograma de financiamiento estructurado en varios tramos que comenzará a ejecutarse a fines de agosto de 2026, con vencimientos escalonados que se extenderán hasta mediados de 2027 e incluyen el pago de una tasa nominal anual del 15%. Como respaldo del compromiso adoptado, la normativa autoriza la afectación directa de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos en caso de incumplimientos.
El costado de mayor impacto político del convenio reside en la renuncia expresa que realiza la Provincia a diversos litigios judiciales entablados contra la administración central. En ese marco, Salta se compromete a desistir del amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para demandar el envío de los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente. En contrapartida, las autoridades locales deberán presentar la homologación judicial del acuerdo y asumir la obligación de remitir informes periódicos sobre la situación fiscal provincial, abarcando ejecuciones presupuestarias, gasto salarial, pasivos y giros a los municipios.
