La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por falta de legitimación la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, dejando en pie el artículo 154 del DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei. La resolución —suscrita por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— restablece formalmente la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), eliminando de manera definitiva los topes a la venta de campos y hectáreas a compradores extranjeros, incluso en áreas de frontera.
Aunque el máximo tribunal aclaró que no se expidió sobre la constitucionalidad de fondo ni sobre las atribuciones del Congreso, la medida produce un impacto inmediato en el mapa inmobiliario rural. Constitucionalistas advierten que, con esta decisión, cualquier persona física, empresa o Estado extranjero puede adquirir suelo argentino sin restricción de superficie.
El mapa de la extranjerización en Salta: 9 departamentos en nivel “grave”
La derogada Ley 26.737 fijaba un tope máximo del 15% de superficie rural en manos extranjeras para los niveles nacional, provincial y departamental. De acuerdo con los relevamientos del Observatorio de Tierras y el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, Salta se sitúa en una categoría “grave”, registrando nueve departamentos que ya sobrepasaban holgadamente dicho techo:
| Departamento | % de tierra rural extranjerizada |
| San Carlos | 59,82% (Más de la mitad) |
| Molinos | 57,79% (Más de la mitad) |
| Guachipas | 33,84% |
| General Güemes | 28,82% |
| La Viña | 28,22% |
| Cerrillos | 24,63% |
| Orán | 23,28% |
| Cafayate | 23,11% |
| Chicoana | 16,04% |
San Carlos y Molinos figuran además en el selecto grupo de 36 localidades de todo el país donde más del 50% del suelo rural pertenece a titulares extranjeros. Por su parte, el departamento Anta roza el límite permitido con un 14,3% (más de 307.000 hectáreas).
En el extremo opuesto, Rosario de Lerma presenta apenas un 0,09% de presencia extranjera, mientras que los departamentos de Iruya, La Poma, Los Andes y Santa Victoria no registran hectáreas en manos de personas o firmas internacionales.
Recursos naturales, minería y comunidades originarias
El informe pone de relieve la superposición entre la propiedad extranjera y zonas de alto valor social o extractivo:
- Pueblos originarios: Departamentos como Anta, Orán y General San Martín concentran numerosa presencia de comunidades indígenas.
- Proyectos mineros: Varios de los departamentos con mayores niveles de extranjerización coinciden con áreas activas o planificadas para la explotación minera, hidrocarburífera y vitivinícola.
El antecedente legislativo
El fallo judicial llega semanas después de que el Poder Ejecutivo resolviera retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros del proyecto de propiedad privada que preveía debatirse en el Senado el pasado 5 de agosto. Con la resolución de la Corte Suprema, la vigencia del DNU 70/23 consolida la desregulación total del mercado inmobiliario rural sin necesidad de tratamiento parlamentario.
