En la jornada del miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados deliberó sobre el pedido de desafuero del legislador salteño Emiliano Estrada en medio de cruces, advertencias y objeciones sobre la vigencia del expediente.
El contexto del pedido
El desafuero fue requerido por el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Salta, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado de servicios y difusión de campañas difamatorias mediante cuentas ficticias.
Durante la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), señaló que no existe un procedimiento reglamentado claro para estos casos bajo la Ley de Fueros, y que ese vacío obliga a buscar un mecanismo que respete el derecho de defensa. Planteó convocar a indagatoria y otorgar un plazo a Estrada para que presente su descargo antes de emitir un dictamen.
La réplica del oficialismo y los momentos de tensión
Durante su intervención, la diputada Pamela Calletti (Innovación Federal, Salta) defendió que el pedido judicial debe ser tratado y criticó lo que consideró una actitud dilatoria del kirchnerismo. Afirmó que “los sueldos del Congreso no pueden usarse para cometer ilícitos” y acusó a los opositores de mentir y de adoptar una actitud despectiva durante la sesión.
El momento más áspero del debate se dio cuando Calletti replicó al diputado Tailhade, exigiendo respeto y acusándolo de actuar con “machirulismo”. Sus expresiones provocaron fuertes reacciones en el recinto, lo que llevó al presidente de la comisión a intervenir para calmar los ánimos.
Otros legisladores del oficialismo, como Juliana Santillán, se sumaron a la crítica hacia quienes defendían la suspensión del pedido, asegurando que la comisión no puede convertirse en un refugio para “ocultar casos de corrupción”.
Resultados parciales y próximos pasos
El dictamen no fue aprobado en esa sesión. UxP logró imponer su rechazo al avance inmediato al sostener que el expediente no estaba firme, logrando demorar el despacho. Aun así, Mayoraz advirtió que la comisión tiene un plazo de 60 días para emitir una resolución sobre el caso.
En los próximos días se definirán:
Si se fija un período para que Estrada presente su defensa formal, con acceso a la causa. Si la comisión avanza o aguarda la resolución de los recursos de impugnación que pesan sobre la causa. El eventual despacho al recinto, en caso de que el dictamen prospere favorablemente.
La sesión dejó un escenario político caliente en Salta. El oficialismo intentó disputarle a la oposición el control del dictamen, mientras que UxP buscó frenar el avance del proceso invocando irregularidades procesales. La verdadera batalla ahora se traslada al recinto y a los tiempos judiciales, donde el resultado podría definir si el caso sigue con Estrada protegido por fueros o si la justicia federal prosigue su investigación sin obstáculos.
