En el último cuatrimestre de 2024 el universo político salteño se vio conmovido por una serie ininterrumpida de trolls y fake news principalmente dirigida a socavar la figura del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. No se escatimaron recursos ni tampoco las difamaciones sobre aspectos públicos y privados de la vida del primer mandatario, lo que en definitiva siguió la lógica del tristemente célebre Ministro de propaganda del Tercer Reich, Josep Goebbels, calumnia, calumnia, que algo quedará. Máxima implacable de alguien que manejaba a su antojo la propaganda nazi, sin importarle cuántas reputaciones destruía, ni de qué modo se llegaba a tan descalabrado fin. Esas prácticas, absolutamente alejadas de la democracia, tienden a naturalizarse cuando no hay ningún freno que logre detenerlas, porque se instala ante la opinión pública el descreimiento y una suerte de fatiga política antidemocrática, bajo la lógica terrorífica de que: todos son malos, no hay nadie recuperable o que valga la pena.
Después de un largo letargo desde que fue creada, apareció por fin la acción de la Fiscalía de Ciberdelitos y conforme a un minucioso trabajo pudo descubrir que en realidad, los trolls y las fake news dirigidas a destrozar la imagen del gobernador salían desde una central difamatoria montada al efecto. Lamentablemente, las utilización de las redes sociales y de los buscadores como forma de destructiva de aniquilar la reputación de las personas, es una discusión pendiente que debe darse en el seno del Congreso de la nación, por la sencilla razón de que nadie está a salvo en la medida que pueda decirse y publicarse en un instante una cantidad ilimitada de agravios, mentiras e infundios, lo cual deja absolutamente indefensa a la persona que los recibe. Hay una clara desnaturalización entre lo que es y debe ser la libertad de expresión, con la difusión masiva de agravios mendaces con la única intención de generar daños irreparables en la estima que un ciudadano merece. Y nadie puede esgrimir que el insulto o la calumnia programada es algo que deba tolerarse sin que la justicia actúe como corresponde. Hay un llamado de atención hacia la justicia en este sentido, porque resulta ser absolutamente complaciente en no pocos casos. Para muchos es más fácil escudarse en el anonimato que dar la cara. El fin es destruir.
Fue así que decidió imputarse a Alonso Javier Allemand, Florencia Arias Bustamante y Juan Marco Capisano, quienes habrían trabajado a las órdenes del diputado nacional Emiliano Estrada por el delito de intimidación pública. La intimidación constituye un fenómeno psicológico que tiene lugar al atemorizar a alguien con la producción de un mal. En estos casos, la voluntad queda afectada y condicionada por el temor a sufrir el mal con que se amenaza. Precisamente en casos como el que analizamos es donde no se escatiman los medios para que alguien sufra el mal con el que se amenaza, es decir publicar en forma sostenida y constante una serie de noticias falsas destinadas a desacreditar a una figura pública. Estas prácticas tienen que ver con una forma violenta de hacer política y con el desprecio a la verdad, fundamentalmente, por lo que su esclarecimiento, seguramente marcará un antes y un después para que la política no se vuelva un nido de víboras, sino una forma civilizada de resolverle los problemas a la gente.
Por Ghostwriter
