Después de la decisión del juez Víctor Raúl Soria de que se celebren las postergadas elecciones del Colegio de Abogados el próximo cuatro de junio, la contienda parece haber ingresado en un rápido espiral de opciones entre las tres listas que se presentan a una decisión binaria, dado que la contienda se centraría entre las fuerzas del actual presidente Sergio Daniel Díaz Lenes y la abogada Trinidad Arias Villegas; parecería tener menos posibilidades la que encabeza la ex diputada Liliana Mazzone quien había impugnado el comicio el día antes de que se celebrara.
Sin embargo, la cuestión parecería ir mucho más allá de los tres candidatos, pues la razón por la que se libra una encendida campaña electoral en definitiva es para saber si Eduardo Jesús Romani, seguirá o no digitando los destinos de la institución.
Romani sufrió un duro revés, por primera vez en carrera como dirigente abogadil el año pasado, cuando la doctora Julia Toyos le asestó una contundente derrota en la disputa por la presidencia de la Caja de Abogados. En esa oportunidad una notable afluencia de abogados concurrió a las urnas, con el único objetivo de apartar a Romani de la conducción que terminó cuestionada por presuntos malos manejos de fondos.
Hasta entonces, varios integrantes de la Lista 2 que encabeza Trinidad Arias Villegas, acompañaron a Romani tanto en Colegio de Abogados como en el Consejo de la Magistratura. Como es el caso de la abogada Marisa Falconier, actualmente en franco enfrentamiento personal con su antiguo aliado, como César Rodríguez Galíndez. Falconier y Rodríguez Galíndez estuvieron junto a Romani en la gestión en el Consejo de la Magistratura y en su momento ganaron todas las elecciones en las que se presentaron. Luego el tiempo los alejó y terminó enfrentándolos al punto de que no se dirigen la palabra.
Quienes se separaron de Romani, consideran que éste solamente busca su rédito y conveniencia personal a cualquier precio, y eso le permitió desembarcar también primero como secretario académico y, motosierra mediante, a decano de la Facultad Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, donde tuvo un record de efímera lealtad al tumbar en menos de tres meses, a quien había sido su mentor hasta entonces, el abogado cordobés nacionalizado salteño, Omar Carranza.
Una vez sentado cómodamente en la silla del decanato, Romani comenzó a manejar la facultad a su antojo, para lo cual premió a quienes le servían de aliados, designándolos como profesores, y persiguiendo y embistiendo a sus opositores. Ya se sabe cuál es el peso de esa facultad, no sólo en la trayectoria, sino en futuras designaciones dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público.
La cuestión pasó a mayores, cuando como abogado del arzobispado se enfrentó a las denuncias de las monjas carmelitas defendidas por los abogados Casabella Dávalos y Viola, a quienes ejecutó sin piedad de sus cátedras. Junto con eso su ambición siguió creciendo y de ser un litigante del fuero civil, comenzó a tomar casos de personajes vinculados al narcotráfico en la Justicia Federal, lo cual provocó no poco asombro en el foro local.
Así es que las elecciones del miércoles se debaten entre antiguos aliados y actuales enemigos, pero fundamentalmente en entre un personalismo absoluto que no deja crecer ni un yuyo a su alrededor y el resto de la abogacía que pugna porque haya un recambio después de quince años de un control férreo de su conducción, con las consecuentes ganancias que ese tipo de direcciones genera con la concentración del poder sin miramientos.
En definitiva, todo se reduce a uno. Esto es, si se quiere cambiar y traer una bocanada de aire fresco o seguir igual para que nada cambie. Los letrados tienen la última palabra.
