La imputación del diputado nacional Emiliano Estrada como el cerebro detrás de la escena de una red de difamación en contra del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puso al descubierto un debate que más temprano que tarde deberá darse en el Congreso de la Nación: el uso de las redes sociales o mejor dicho el uso distorsionado de las redes. El propósito inconfesable de Estrada fue demoler la imagen del gobernador a través de trolls y fake news direccionados premeditadamente con un claro fin desestabilizador. No es bueno ni para el gobernador, ni para ningún ciudadano de bien, que se mancille su reputación mediante una suerte de descargas eléctricas en forma de noticias falsas o deformadas con una intensidad que llamó la atención. No hubo día en que la frecuencia de los ataques solapados disminuyera, sino que la búsqueda socavar la imagen pública del mandatario pasó a ser un objetivo delegado en otros para no dar la cara.
En uno de los programas emitidos el año pasado por la seña de Canal 9 de Buenos Aires que conduce la periodista Romina Manguel, entrevistó a Fernando Cerimedo, uno de los publicistas cercanos al presidente Javier Milei. Cerimedo se encuentra procesado por la justicia federal de Brasil por considerarse que participó del intento de golpe de estado en contra del presidente Lula Da Silva. Cerimedo intentó explicarle vanamente, durante largos minutos, al periodista Jairo Stracchia que los perfiles paralelos o perfiles falsos que se manejan desde los teléfonos celulares con el propósito de demoler el prestigio de las personas, es algo que tiene que ver con la libertad. Jairo en sus repreguntas, no respondidas por Cerimedo, lo inquirió diciéndole cómo hace una persona además de bloquear a quien lo insulta y ofende para poder frenar la catarata de agresiones y vituperios. Cerimedo dio múltiples vueltas en su discurso con pocos argumentos y finalmente dijo que había que tolerarlo, o, simplemente no verlos ni escucharlos.
En diferentes democracias desarrolladas el mal uso de las redes y su aprovechamiento para destruir la honorabilidad de las personas y de los funcionarios públicos en particular ha comenzado a ser mucho más que un dolor de cabeza, sino una preocupación que se analiza cómo solucionarla. Hasta ahora hay fallos judiciales que abordan el tema de diferentes puntos de vista. Unos dicen que los motores de búsqueda no pueden ser objeto de intromisión legal; mientras que otros que empiezan a ser mayoría buscan que existan tratados internacionales que castiguen la demolición sistemática de quien o quienes son atacados, acosados y acorralados con infamias y calumnias. Claramente los insultos anónimos tienen mucho más que ver con la cobardía que con la libertad. Con la impunidad que con la democracia. Estrada, que siempre presumió de ser un poco más vivo que el común de los mortales esta vez se vio sorprendido y quedó al descubierto. Recibió un misil en la línea de flotación dirían en la marina de guerra. De aquí en más deberían establecerse determinados parámetros lógicos para que sin que se afecte la libertad de expresión, exista una ley que cumpla lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos: proteger efectivamente la honra, la reputación y la dignidad de las personas. De eso se trata.
Por Ghostwriter
