La causa por intimidación pública que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada sumó nuevas pruebas que refuerzan su presunta responsabilidad en la creación y difusión de contenido difamatorio contra políticos, empresarios y periodistas de Salta. Se trata de una serie de documentos, que incluyen casi 200 páginas de conversaciones entre el legislador y sus empleados, donde se lo señala como el autor ideológicodetrás de la denominada “usina de fake news”.
Según estas pruebas, Estrada no solo habría ordenado la creación de cuentas anónimas para la difusión de contenido falso, sino que también controlaba cada detalle del material, desde la edición de videos hasta la estrategia de publicación. Además, parte de los recursos utilizados provendrían de fondos públicos, ya que algunos de sus empleados destinaban horas de trabajo y salarios pagados por la Cámara de Diputados para operar esta red de desinformación.
Otro de los puntos clave de la investigación es que Estrada utilizó recursos públicos para financiar la campaña. Parte del equipo encargado de la difusión de estos contenidos eran empleados contratados como asesores legislativos, cuyos sueldos se pagaban con fondos de la Cámara de Diputados. Además, algunos de estos trabajadores eran obligados a cubrir gastos personales de Estrada, como alquileres y conexiones a internet, con dinero de sus propios bolsillos.
