El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de otorgar a Cristina Fernández de Kirchner la modalidad de prisión domiciliaria, tras la condena a seis años de cárcel que había recibido por el delito de administración fraudulenta. Esta resolución fue motivada por diversos factores que los jueces consideraron prioritarios para garantizar la seguridad y la integridad física de la ex presidenta y actual senadora.
La decisión de conceder la prisión domiciliaria se centró, fundamentalmente, en el análisis del “riesgo para la vida e integridad física” de Cristina Kirchner, especialmente teniendo en cuenta el atentado que sufrió en 2022, cuando fue víctima de un intento de homicidio. La justicia consideró que, en su situación particular, la ejecución del fallo en un establecimiento penitenciario podría poner en peligro su vida, además de no garantizar las condiciones necesarias para su protección, en cumplimiento con estándares constitucionales y convencionales internacionales sobre derechos humanos.
El tribunal evaluó que, a sus 70 años, Cristina Kirchner presenta condiciones vulnerables que ameritan una modalidad de detención más acorde a su estado de salud y circunstancias personales. La decisión también tuvo en cuenta que, por las características del ataque que sufrió, la seguridad en un penal común podría no ser suficiente para evitar riesgos mayores, incluida la posibilidad de nuevos atentados o incidentes que puedan afectar su vida.
Como parte de las condiciones que deberá cumplir para mantenerse bajo prisión domiciliaria, la justicia exigió que Cristina Kirchner respete ciertas pautas, entre ellas, la restricción de movimiento fuera de su domicilio en el barrio porteño de Monserrat, la obligación de concurrir a controles judiciales periódicos, y la imposibilidad de comunicarse o tener contacto con personas vinculadas a la causa o eventualmente involucradas en amenazas o ataques contra su integridad.
Este fallo ha generado diversas reacciones políticas y sociales en Argentina, donde el debate sobre la situación judicial de la vicepresidenta sigue siendo un tema de alta tensión. Mientras algunos sectores celebran la decisión por considerarla una medida necesaria para garantizar los derechos humanos y la seguridad de la ex mandataria, otros opinan que se trata de una concesión que puede afectar la credibilidad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Por ahora, Cristina Kirchner continuará su proceso en su residencia en Monserrat, donde estará bajo vigilancia y condiciones estipuladas por la justicia, en un escenario que refleja la complejidad de un caso que combina elementos políticos, jurídicos y sociales, y que mantiene en tensión la opinión pública argentina.
