El gobierno de Javier Milei inició el proceso para privatizar Corredores Viales, la empresa que administra 6.000 kilómetros de rutas. La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, establece un plazo de doce meses para transferir la gestión de la red vial nacional a operadores privados y avanzar en la disolución de la compañía estatal.
Este lunes 1 de septiembre el inicio formal del proceso de privatización de la empresa pública Corredores Viales S.A., encargada de la gestión de más de 6.000 kilómetros de rutas en todo el país. La decisión, establecida en la Resolución 1284/2025 publicada en el Boletín Oficial, constituye un nuevo avance en la política de reducción del sector público impulsada por el Gobierno nacional.
El procedimiento estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con participación de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. El objetivo es rescindir los contratos de concesión actuales, otorgar los corredores a nuevos operadores privados y luego avanzar con la disolución y liquidación de la firma estatal.
La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a confeccionar el inventario de bienes que deberán ser restituidos al Ministerio de Economía y a elaborar la documentación necesaria para la extinción de contratos. También la faculta a definir la nueva conformación de los tramos de la red nacional, evaluar el estado de obras e infraestructura y solicitar la rescisión de convenios que no sean considerados prioritarios.
El decreto 416/2025 estableció que todo el proceso de licitación y adjudicación de las concesiones se realice mediante la plataforma digital CONTRAT.AR. En tanto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará las acciones para cumplir con el cronograma, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación por peaje y la tasación de los bienes de la compañía, tarea que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.
