El juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y de otros directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una causa por presuntas irregularidades tributarias y previsionales que involucran cifras millonarias.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó la falta de depósito en término de sumas retenidas en concepto de impuestos y aportes. Según se consignó en la resolución, se habría verificado la “falta de pago, dentro del plazo legal correspondiente, de las declaraciones juradas” vinculadas a distintos regímenes impositivos y de seguridad social.
El expediente alcanza, además de Tapia, a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, junto con la propia AFA como persona jurídica. La resolución también analiza la intervención de cada uno de los acusados. En el caso de Tapia, se lo señala como presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal, condición que lo ubicaba como responsable ante el fisco.
En tanto, respecto de los demás directivos, el fallo distingue períodos y funciones específicas. Por ejemplo, se atribuyen hechos a Víctor Blanco por etapas anteriores a abril de 2025, mientras que a Malaspina se le imputan conductas posteriores a su asunción como secretario general.
Y en cuanto a la defensa: La defensa de la AFA fue técnica y se apoyó en tres ejes: falta de intervención directa, discusión sobre los vencimientos y ausencia de delito. Uno de los puntos centrales fue que los pagos sí se hicieron, pero con una interpretación distinta del vencimiento.
