El Senado debatirá este jueves el proyecto de propiedad privada que quita las restricciones para que capitales extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina. Esta iniciativa es uno de los temas principales, con el pago de los fondos buitres, que el oficialismo el miércoles acordó con los bloques dialoguistas incluir para la sesión que se realizará este 4 de junio desde las 11. También se discutirán los desalojos “exprés” para viviendas o terrenos usurpados.
El temario establecido incluye la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser discutidos en el recinto de sesiones; la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli será debatida en otra sesión, junto con otros 23 candidatos a ocupar cargos en la Justicia, junto a dos proyectos para la creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán que impulsaron Maximiliano Abad, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
La iniciativa de propiedad privada, armada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, atravesó importantes cambios al quitarse el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares; también se modificaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Este proyecto aún quita los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y establece que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero. Cada provincia mantendrá la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, según lo dispuesto por la Constitución Nacional.
Además, se prohíbe que puedan adquirir tierras Estados extranjeros u organismos empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios formados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero.
Se implementará un desalojo “exprés” solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados; en el resto de los casos se mantendrán los actuales plazos de intimación.
Habrá un plazo de 10 días para notificar el pago acordado en el contrato de alquiler y la notificación será enviada al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico.
Frente al incumplimiento del locatario, el locador puede comenzar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el operativo más breve que prevea la ley, es decir, 10 días hábiles.
El Senado deberá debatir un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a los fondos buitres 171 millones de dólares para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y, de esa forma, evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, por ejemplo, las acciones de YPF.
El Gobierno cuenta con tiempo hasta el 30 de junio para abonar esos acuerdos, por lo cual busca ver aprobada esta ley antes de esa fecha.
Se acuerda con Bainbridge un solo pago en efectivo de 67 millones de dólares y 104 millones con Attestor Value Master Fund LP. Los acreedores deberán entregar los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, a través de una acreditación en cuenta.
