La Comisión Nacional de Valores dio un paso formal en la puesta en marcha de la Ley de Modernización Laboral al publicar en el Boletín Oficial la Resolución General 1161/2026, la cual somete a consulta pública por un plazo de quince días hábiles la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral. Este mecanismo financiero fue concebido como un instrumento específico para que el sector empleador pueda hacer frente a las obligaciones económicas y liquidaciones derivadas del cese de las relaciones de trabajo.
El funcionamiento del esquema determina que la capitalización de los fondos estará alimentada de manera exclusiva por contribuciones a cargo de las patronales. Bajo esta modalidad, cada compañía poseerá una cuenta individualizada mediante un identificador único denominado ID FAL, garantizando que el dinero permanezca totalmente escindido del patrimonio general de la empresa y cuente con cobertura de inembargabilidad e inenajenabilidad. En los casos donde una firma omita declarar o registrar un identificador válido dentro de los plazos normativos, la entidad reguladora tendrá la potestad de asignarle de oficio un producto de inversión predeterminado a partir de los datos cruzados con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Respecto al destino de los recursos acumulados, el marco regulatorio limita las opciones de colocación a instrumentos financieros de bajo riesgo y cotización local, tales como títulos de deuda emitidos por el Estado nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos a plazo en entidades bancarias reguladas por el Banco Central y obligaciones negociables privadas negociadas en el país. Asimismo, la normativa introduce topes máximos para los honorarios, comisiones y costos de administración que podrán cobrar las entidades gestoras de estos vehículos de inversión.
