Sandra Nélida Morales (65) y Rodolfo Hakl (67), una pareja de jubilados que vive desde hace una década en una cabaña rústica construida artesanalmente a orillas del Lago La Plata —a 120 kilómetros del pueblo de Alto Río Senguer y a escasos kilómetros de la frontera con Chile—, enfrentan una orden de restitución del terreno dictada por el juez provincial Gustavo Antoun. La pareja, que abandonó el conurbano bonaerense en 2016 tras perder sus ahorros en la crisis de 2001, denunció persecución administrativa y abusos por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, la causa dio un giro decisivo tras apelar la sentencia de primera instancia, al detectarse irregularidades procesales y controversias catastrales sobre la propiedad del Lote 14 de la Fracción A, Sección G III.
El conflicto legal transitó dos vías judiciales contrapuestas: mientras en el fuero penal la pareja resultó absuelta del delito de usurpación, en el fuero civil la sentencia favoreció la demanda del municipio de Alto Río Senguer debido a que el matrimonio no respondió a tiempo la demanda por encontrarse aislado por la nieve. No obstante, el trámite de apelación reveló que en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble el Lote 14 figura inscripto a nombre de la firma Don José Moisés SRL. Uno de sus socios comerciales es Cristóbal López, empresario del Grupo Indalo salpicado en la causa Cuadernos e imputado junto a Fabián de Sousa como inquilinos de la inmobiliaria Los Sauces. La defensa de los jubilados sostiene que, al tratarse hipotéticamente de un dominio privado, la Municipalidad carecería de legitimidad procesal para promover el desalojo, extremo que el juez desestimó parcialmente al considerar que la firma privada solo ocupa el sector sur del lote.
Morales y Hakl señalaron la existencia de un trato discriminatorio y desigual por parte del poder local en la entrega de tierras cordilleranas. Afirman que en la misma zona operan emprendimientos turísticos informales, cabañas de alquiler pertenecientes a familiares de funcionarios públicos y complejos construidos por referentes locales y cocineros reconocidos. Por su parte, el intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, rechazó las acusaciones de persecución o favores a terratenientes. Sostuvo que el asentamiento de la pareja es irregular en una zona no permitida y defendió las acciones legales como un deber de custodia ambiental del ejido público, mientras los pobladores aguardan la resolución definitiva de la Cámara de Apelaciones.
