El conflicto financiero en el sistema de transporte público de pasajeros del área metropolitana de Salta alcanzó un nuevo punto de tensión. Las siete empresas prestatarias del servicio confirmaron que comenzaron a reducir unidades y frecuencias en las calles debido a una importante acumulación de deudas por parte de SAETA, correspondientes a certificaciones no abonadas desde el mes de julio. La medida repercute de forma directa en los usuarios del Valle de Lerma, y los empresarios advirtieron que la prestación podría resentirse aún más si no se regularizan los pagos.
A través de una solicitada pública firmada por Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL, las operadoras pidieron disculpas a los pasajeros y responsabilizaron a la conducción directiva de SAETA por el “progresivo deterioro” de la red. Según explicaron, el atraso en los desembolsos condiciona la compra diaria de combustible y la cobertura de costos operativos básicos, imposibilitando el sostenimiento de las frecuencias habituales a pesar de contar con el personal y la flota necesarios.
Ante esta situación, las empresas exigieron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para hallar una solución urgente que otorgue seguridad jurídica e imparte estabilidad al sistema. Argumentaron que “el transporte público no es una variable de ajuste, sino un servicio esencial”, en un escenario complejo marcado por la quita de subsidios nacionales al transporte del interior a fines de 2023 y el incremento persistente en combustibles, repuestos y salarios. Por su parte, desde la conducción de SAETA indicaron que emitirán un pronunciamiento oficial para precisar el alcance de las deudas y las gestiones financieras en marcha.
