Ariel Lijo, juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido designado como el candidato por Javier Milei para ocupar la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Esta designación, aunque significativa en el contexto del Poder Judicial, ha generado un amplio espectro de críticas y controversias que ponen en tela de juicio su idoneidad y compromiso con los derechos humanos, principios fundamentales en la conformación del máximo tribunal del país.
La trayectoria de Ariel Lijo se centra casi en su totalidad en su gestión como titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, un ámbito judicial caracterizado por su complejidad y, a menudo, por prácticas poco transparentes. Durante su tiempo en el cargo, Lijo ha enfrentado severas denuncias en el Consejo de la Magistratura, que abarcan desde la falta de investigación en casos de corrupción hasta demoras inaceptables en el tratamiento de expedientes. Estas críticas han sido acompañadas por alegaciones alarmantes que incluyen enriquecimiento ilícito y una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho, que aún se encuentran pendientes de resolución.
Particularmente inquietante es la reciente denuncia lanzada por Roberto Mazzoni durante un evento en el Senado sobre la trata infantil, quien acusó a Lijo de encubrir una red de pedofilia. Mazzoni, describiendo su experiencia como víctima, señaló que su caso está actualmente bajo la jurisdicción del juez Lijo y criticó la excesiva lentitud con la que ha sido tratado, sugiriendo que la causa ha sido “cajoneada”. La gravedad de estas acusaciones, que involucran a otros actores relevantes, ha sido recibida con casi completo silencio por parte de los grandes medios de comunicación en Argentina, lo cual plantea inquietudes sobre la presión que podrían ejercer ciertos grupos de poder en la cobertura mediática y el manejo de la justicia.
Además, la proposición de Lijo a la Corte Suprema ha suscitado preocupaciones sobre la falta de representatividad dentro del tribunal. Las críticas también se han centrado en la decisión del Poder Ejecutivo de nominar solo candidatos masculinos para una corte que había apuntado a una mayor diversidad de género. Este hecho ha sido considerado contradictorio con los compromisos asumidos por Argentina en virtud de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Ariel Lijo se presenta como un candidato en medio de un torbellino judicial y mediático que desafía no solo su idoneidad personal, sino también el futuro de un sistema judicial que debería ser un baluarte de la justicia y la equidad. La falta de acciones decisivas por parte de los organismos competentes para abordar las serias denuncias en su contra y los cuestionamientos al proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema generan un clima de incertidumbre y desconfianza en la institucionalidad del país. Así, el futuro de la candidatura de Lijo no solo depende de su capacidad personal, sino de la voluntad de los actores políticos y judiciales por dar respuesta a las exigencias de transparencia y justicia que la sociedad reclama.
