La iniciativa reconoce a la hoja de coca como parte de prácticas culturales arraigadas en diversas regiones del país, especialmente en el norte argentino, y propone autorizar expresamente su importación, almacenamiento, transporte, venta y consumo, destinados al coqueo o a su uso en infusión. En ese marco, plantea modificar la Ley 23.737 de estupefacientes para excluir de su alcance estas actividades cuando se realicen en las condiciones que establezca la nueva normativa.
El esquema propuesto prevé un sistema de licencias y control estatal a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá regular y fiscalizar toda la cadena. Se establece además la creación de un Registro Especial de Importadores, con requisitos comerciales, fiscales y penales, y se delimitan los puntos de ingreso y acopio a granel en Jujuy, Salta y Formosa, desde donde el producto deberá distribuirse en envases autorizados.
Se fija un tope de hasta 200 gramos por unidad de venta al consumidor final y contempla un régimen sancionatorio que incluye multas, suspensión y revocación de licencias para quienes incumplan las disposiciones. También dispone la incorporación de la hoja de coca al Código Alimentario, con el fin de establecer estándares sanitarios, de calidad y trazabilidad. Los autores fundamentan la propuesta en cuatro objetivos: brindar seguridad jurídica, recuperar recaudación fiscal, garantizar controles sanitarios y diferenciar la hoja de coca de los estupefacientes derivados. Sostienen que la regulación permitiría reducir el mercado informal, mejorar el control estatal y abaratar el precio para los consumidores. El proyecto invoca principios constitucionales vinculados a la libertad personal, la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, y señala que el consumo tradicional de la hoja de coca ya está reconocido tanto nacional como en tratados internacionales.
