La preocupación por los embargos que viene ejecutando ARCA sobre empresas empezó a escalar también en Salta. La Cámara de Comercio e Industria local hizo suya la advertencia planteada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y remarcó que este tipo de medidas está afectando el funcionamiento cotidiano de muchas firmas, especialmente en un contexto donde la actividad comercial todavía arrastra serias dificultades.
El punto más sensible del reclamo pasa por la modalidad de los embargos: ARCA está ordenando retener sumas que las empresas afectadas deben cobrar de sus clientes, quienes son notificados para desviar esos pagos y depositarlos a favor del organismo hasta completar el monto embargado.
Desde el sector empresario no desconocen que se trata de una herramienta legal dentro de las facultades del organismo recaudador. Sin embargo, el cuestionamiento no apunta a la legalidad del mecanismo, sino a su oportunidad y a sus efectos en el escenario actual.
La CAC expresó en su nota al director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, y al ministro de Economía, Luis Caputo, que muchas empresas, en especial las MiPyMEs, atraviesan una situación delicada por la combinación de menores ventas, márgenes cada vez más estrechos, suba de costos, tasas de interés altas y serias dificultades para acceder al crédito.
En ese marco, la Cámara de Comercio de Salta considera que cortar el flujo comercial de una empresa mediante embargos sobre cobranzas puede agravar todavía más ese cuadro y llevar a muchas firmas a un punto de deterioro difícil de revertir.
La preocupación es especialmente fuerte en el comercio, donde el movimiento diario de fondos es decisivo para sostener pagos, reponer mercadería, afrontar compromisos corrientes y mantener la rueda operativa en marcha. Cuando ese flujo se interrumpe, incluso por mecanismos legales, el efecto puede sentirse de inmediato sobre toda la actividad.
La CAC planteó además un argumento que en Salta también genera inquietud: si la presión se vuelve excesiva sobre empresas que ya están al límite, en algunos casos puede terminar funcionando como un incentivo hacia la marginalidad, exactamente lo contrario de lo que se busca con una política de fiscalización.
Frente a esa situación, la entidad nacional pidió que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar este tipo de medidas precautorias y, en paralelo, flexibilice el acceso a planes de facilidades de pago que permitan encauzar gradualmente la regularización de las deudas.
La Cámara de Comercio e Industria de Salta comparte esa mirada y entiende que, en esta etapa, acompañar a las empresas en dificultades puede ser mucho más efectivo que asfixiarlas financieramente en plena operatoria. Para el sector, preservar la actividad formal, el empleo y la continuidad de las firmas también debería ser parte de la ecuación.
El trasfondo del reclamo es claro: en una economía donde muchas empresas siguen funcionando con márgenes mínimos, cada embargo sobre cobranzas no impacta solo sobre una deuda tributaria, sino sobre la capacidad real de seguir operando. Y en provincias como Salta, donde el comercio formal ya enfrenta suficientes tensiones, esa presión adicional empieza a ser vista con creciente alarma.
