Miles de estudiantes, docentes y activistas protagonizaron este miércoles en Santiago de Chile una movilización que derivó en enfrentamientos con la policía durante una protesta contra los recortes a la educación y el plan de austeridad del presidente José Antonio Kast.
La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech), reunió también al Sindicato de Maestros de Chile, asociaciones estudiantiles de secundaria y grupos feministas. El gobierno de José Antonio Kast, en el poder desde el 11 de marzo, impulsa un recorte de aproximadamente USD 6.000 millones en gasto público durante 18 meses, con la meta de mejorar las finanzas estatales. El plan prevé una reducción presupuestaria cercana al 3% en todos los ministerios, una decisión que generó críticas tanto en sectores opositores como dentro de la propia coalición de gobierno.
Mario Aguilar, presidente del Sindicato de Maestros de Chile, responsabilizó al Ejecutivo por la escalada de violencia: “El gobierno buscó provocar esto, crear esta situación para justificar la represión”, declaró el dirigente. Por su parte, Magdalena Correa, estudiante universitaria, señaló: “Quieren silenciarnos, pero no nos vamos a detener. Nos están quitando nuestros recursos y derechos, y tenemos que contraatacar”.
“No más recortes, no es ajuste es robo” o “con los recortes, la salud no pasa de agosto”, expresaban algunas de las pancartas que levantaban los manifestantes. “Es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que ocupan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata”, se quejó Romina Cuevas, una profesora de 47 años.
Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados a fines de mayo y el Senado podrá debatirla en las próximas semanas. Hasta la noche del miércoles, ni la policía ni funcionarios del gobierno habían emitido declaraciones oficiales sobre los incidentes ocurridos en la capital chilena.
Los manifestantes también expresaron su rechazo a una nueva ley promovida por el Ejecutivo que busca combatir la violencia en las escuelas y que fue aprobada el martes por el Parlamento. La medida habilita a las autoridades a revisar mochilas de estudiantes y establece la prohibición de acceder a la educación universitaria gratuita durante cinco años para jóvenes que cometan delitos dentro de los establecimientos educativos.
