Ayer, la Cámara de Diputados aprobó el marco regulatorio para la compra, venta y acopio de metales no ferrosos, una herramienta destinada a combatir el circuito ilegal que alimenta el robo de cables de electricidad, fibra óptica, placas de bronce y otros bienes públicos y privados.
La iniciativa obtuvo un amplio respaldo legislativo, pero dejó al descubierto una posición que generó fuertes cuestionamientos: el bloque de La Libertad Avanza fue el único en votar en contra.
Durante el debate, sus legisladores sostuvieron que la creación de registros y controles implica “más Estado” y “más burocracia”. Sin embargo, esa postura desconoce que el rol esencial del Estado es garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad privada y brindar seguridad a la ciudadanía.
El robo de metales no ferrosos no representa un simple problema comercial. Cada cable sustraído deja barrios sin luz, escuelas y hospitales afectados, familias sin conectividad y ocasiona millonarios costos de reparación que finalmente terminan pagando todos los contribuyentes.
La ley aprobada establece mecanismos de trazabilidad y control para la comercialización de estos materiales, con el objetivo de desalentar el mercado clandestino que hoy funciona como destino de elementos robados.
Regular una actividad de alto riesgo para la seguridad pública no significa generar burocracia innecesaria. Significa dotar al Estado de herramientas para prevenir el delito y dificultar el accionar de las organizaciones criminales que se benefician de la ausencia de controles.
La discusión de fondo no pasa por tener un Estado más grande o más pequeño. Pasa por contar con un Estado capaz de proteger a los vecinos, resguardar el patrimonio público y enfrentar con decisión a quienes hacen del delito un negocio. Porque cuando no existen controles, quienes ganan no son los ciudadanos: son las mafias que lucran con el robo y el comercio ilegal de metales.
