Desde el Senado aprobaron las modificaciones a la ley de partidos políticos de Salta

Los puntos centrales de la reforma introducen cambios en el financiamiento de la política y la regulación de las afiliaciones.

En una nueva sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó de manera definitiva un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales.

El senador por La Poma, Dani Nolasco, destacó que la iniciativa apunta a modernizar el sistema político salteño y mejorar su funcionamiento institucional. “Esta reforma no es una simple cuestión técnica, es el paso para dotar a Salta de un sistema de partidos moderno y ágiles. La reforma modifica 40 de los 70 artículos de la ley”, explicó.

Según detalló el legislador, el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana en los partidos políticos, a los que definió como herramientas fundamentales de la democracia y de la expresión de la voluntad popular.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el financiamiento de la política. A partir de estos cambios, los aportes deberán tener un origen claro y público, lo que busca terminar con prácticas poco transparentes. En esa línea, se prohíbe la no divulgación de donantes privados.

Además, la nueva normativa establece que los partidos no podrán recibir aportes de organismos estatales, empresas contratistas del Estado, firmas vinculadas al juego, entidades internacionales, sindicatos ni personas imputadas en causas penales.

Otro aspecto relevante es la regulación de las afiliaciones. Nolasco advirtió que el sistema actual se había desvirtuado y cuestionó la existencia de múltiples inscripciones. “Se desvirtuó el sistema constituyéndolo como un mercado de sellos. No podrá haber más de una afiliación”, sostuvo.

Finalmente, el senador señaló que la reforma busca ordenar el funcionamiento de los partidos y garantizar reglas claras para todos los actores políticos. “Se trata de una armonización para que los partidos tengan reglas claras”, concluyó.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado y ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.