El fiscal Pedro Simón pidió rechazar la nulidad de su dictamen dictada por el juez Sebastián Argibay a la Cámara Federal de Tucumán. Enumeró las pruebas que presentó para acusar a los dirigentes de la AFA de lavado de dinero.
Con duras críticas al juez Sebastián Argibay, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, apeló este lunes ante la Cámara Federal de Tucumán la polémica desestimación de su pedido de detención del presidente y el tesorero de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y Pablo Toviggino y la incompetencia de los juzgados de su provincia para seguir adelante con la causa.
En el dictamen de Simón Tapia y Toviggino, están acusados de de asociación ilícita agravada y lavado de activos por una serie de maniobras financieras e inmobiliarias.
En la apelación, Simón da horarios detallados de la maniobra de Argibay para desestimar el pedido de detención una hora antes de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara de su cargo, en una maniobra judicial escandalosa.
“La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal, la cual específica, con vasta precisión, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles funcionales específicos de cada imputado”, afirmó el fiscal según fuentes judiciales consultadas por Clarín.
El fiscal negó que no se hayan detallado en su dictamen “actos de disposición patrimonial” cuando “la causal que conllevó al apartamiento del juez Argibay fue que él, a través de su hija, le vendió el inmueble descripto como Lote “W-1”, ubicado en Maco, superficie 3000 m2. MFR 7S-30053, a Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz”. Darío es el hermano del Tesorero de la AFA.
“La propia causal de apartamiento del juez giró en torno a una operación inmobiliaria específica (Lote ‘W-1’, Maco, MFR 7S30053). Es decir, el juez desconoce como un “hecho concreto” una maniobra que involucra a su propio núcleo familiar y que fue objeto de un incidente de recusación ampliamente debatido”, agregó.
Luego de enumerar la velocidad de la decisión de Argibay, tras llegar de un viaje de vacaciones a Miami, Simón subrayó que “si bien las constancias de la causa demuestran por sí solas la ultraintención del juez, debemos destacar en la circunstancia de que, en tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas”
Sumado a ello, “no aguardó a que la resolución quede firme para remitir las actuaciones al juzgado de Campana, llegando a librar un oficio de remisión, en clara vulneración al derecho de revisión de este Ministerio Publico Fiscal”, destacó.
“Aún más, tampoco resulta auténtico que a una defensa se le conceda acceso a las 11:31 am y una hora después, tras supuestamente analizar más de 1000 fojas de expediente y un requerimiento de 181 páginas, pida el sobreseimiento”, aseguró Simón.
La única explicación lógica que se desprende de estas conductas de Argibay “es que la defensa tuvo acceso a las constancias de la causa sin haber estado formalmente constituidas”, añadió en alusión a una presentación de la suegra de Toviggino en la causa.
Además, se especificó, que la AFA transfirió un total de $3.633.013.825 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR, SERVICIOS NEURUS del Banco Coinag. Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un “indicador de riesgo” que obliga al Estado, por compromisos internacionales (GAFI), a investigar el origen de los fondos
