El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación y a la prisión preventiva requerida contra un cabo primero de Gendarmería Nacional, identificado como Diego Hernán Delgado. El suboficial, con revista en el Destacamento Móvil N°1 de Campo de Mayo, había sido detenido el domingo pasado en la localidad de General Pizarro, dpto. Anta, cuando transportaba más 303 kilos de cocaína en la caja de su camioneta, valuados en más de 4 mil millones de pesos.
La acusación fue por el delito de transporte de estupefaciente agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevenir y combatir el narcotráfico y fue formalizada por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, en representación del Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos.
Además de este delito, la auxiliar fiscal le imputó resistencia y atentado a la autoridad en concurso real, pues expuso que el acusado intentó embestir al personal de Gendarmería Nacional que lo había detenido para un control de rutina sobre la ruta provincia N°5, a la altura del kilómetro 170.
Al referirse al hecho, la auxiliar fiscal sostuvo que la detención se registró el domingo 19 de mayo a las 6.00 de la mañana, cuando Delgado conducía una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad, procedente del norte provincial. Indicó que, al ver el rodado, los gendarmes del Escuadrón 45 le hicieron señales lumínicas para que se detuviera, pero no hizo caso de la orden e intento evadir el control.
Aráoz Vallejo expuso que, ante la situación de grave riesgo, pues todo parecía indicar que el conductor iba a embestirlos, los gendarmes encendieron la sirena de su móvil y se dispusieron a una escena de mayor peligro. Añadió que esa situación habría persuadido al cabo primero, quien se estacionó en la banquina.
La auxiliar fiscal precisó que, cuando los efectivos se acercaron a la camioneta, el conductor bajó su ventanilla y la del asiento trasero, dejando a la vista su uniforme de gendarme y un bolso, también propio de esa fuerza, aparentemente, con la intención de relajar la atención de sus camaradas.
Al presentar la documentación -prosiguió la representante del MPF-, el sujeto entregó su credencial como integrante de esa fuerza y sostuvo que había sido beneficiado con cinco días de descanso, tras una comisión, por lo que había decidido hacer un viaje relámpago a la provincia de Salta.
Aráoz Vallejo narró que, previa comunicación con el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, los gendarmes del puesto de control realizaron una requisa con dos testigos que ocupaban un vehículo que venía por detrás de la camioneta. Al abrir la caja de la VW Amarok visualizaron siete cajas que estaban a la vista.
Al abrir una de las cajas, los gendarmes constataron la presencia de paquetes amarillos con droga, indicó la auxiliar fiscal, y precisó que el conductor reconoció que llevaba cocaína. El peso total de esa carga ascendió a 303 kilos con 820 gramos, lo cual derivó en su inmediata detención y en la incautación de dos teléfonos celulares y poco más de medio millón de pesos, que el acusado llevaba consigo.
La auxiliar fiscal explicó la camioneta fue trasladada a la base de la Unidad, donde se continuó con las diligencias de rigor. Al fundar la imputación, la fiscalía dejó sentado que se trata de un hecho de suma gravedad, no sólo por la cantidad de droga sino también por la condición del autor del transporte de la droga. Asimismo, destacó el llamativo hecho de que Delgado había sorteado con facilidad varios controles fijos de la misma Gendarmería, entre ellos los de Pichanal y Embarcación.
Añadió que, con la autorización judicial, se realizaron allanamientos en varios inmuebles, tanto en Salta como en Buenos Aires, y que estas medidas permitieron secuestrar otros elementos de interés para la investigación.
Al momento de expedirse sobre las medidas de coerción, la auxiliar fiscal solicitó la prisión preventiva, tanto por la naturaleza del hecho, su comportamiento durante el procedimiento, los riesgos de fuga y el entorpecimiento de la investigación, que se encuentra en un estado incipiente.
La representante del MPF resaltó lo accesible que resultó para el imputado cruzar casi toda la provincia con esa carga, la condición de absoluta confianza que tenía el acusado y, en especial, la organización narcocriminal a la que pertenecería, pues remarcó que la droga iba casi a la vista.
Aráoz Vallejo también puso de relieve el daño a la salud pública que representaba el estupefaciente transportado y mencionó la imposibilidad de que el acusado, ante una hipotética condena, sea beneficiado con una pena condicional, lo que hacía imposible morigerar la medida de coerción.
Por último, destacó que Delgado no actuó por sí solo ni aisladamente, sino que existen otros eslabones en la cadena delictiva, que ahora serán motivo de investigación. En ese contexto, solicitó una serie de peritajes pendientes a fin de poder avanzar con el esclarecimiento total de la operación de tráfico.
La defensa, en tanto, no presentó objeciones a la imputación ni al pedido de prisión preventiva, aunque no descartó realizar planteos más adelante y que incluso su cliente preste declaración, lo cual sujetó al rumbo que tomen las pesquisas.
El juez Bavio hizo lugar a la imputación penal, dictó la prisión preventiva y autorizó los peritajes pendientes por entender que la “materialidad del hecho” se encuentra “suficientemente acreditada” por las evidencias presentadas por la fiscalía.
La auxiliar fiscal explicó la camioneta fue trasladada a la base de la Unidad, donde se continuó con las diligencias de rigor. Al fundar la imputación, la fiscalía dejó sentado que se trata de un hecho de suma gravedad, no sólo por la cantidad de droga sino también por la condición del autor del transporte de la droga. Asimismo, destacó el llamativo hecho de que Delgado había sorteado con facilidad varios controles fijos de la misma Gendarmería, entre ellos los de Pichanal y Embarcación.
Añadió que, con la autorización judicial, se realizaron allanamientos en varios inmuebles, tanto en Salta como en Buenos Aires, y que estas medidas permitieron secuestrar otros elementos de interés para la investigación.
Al momento de expedirse sobre las medidas de coerción, la auxiliar fiscal solicitó la prisión preventiva, tanto por la naturaleza del hecho, su comportamiento durante el procedimiento, los riesgos de fuga y el entorpecimiento de la investigación, que se encuentra en un estado incipiente.
