La decisión del Gobierno nacional de arancelar la atención médica programada para extranjeros no residentes en hospitales públicos toma como antecedente directo el esquema dispuesto por la Provincia de Salta a comienzos de 2024. La normativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz buscó priorizar el uso de los recursos provinciales para la población local, manteniendo la atención gratuita exclusivamente ante urgencias y emergencias médicas. Según los balances de Salud Pública, la medida produjo una caída drástica en las consultas en centros de frontera —como el hospital San Vicente de Paul de Orán, donde la demanda de no residentes bajó un 99%— y permitió destinar los fondos recuperados a la compra de 34 ambulancias equipadas.
Los registros oficiales del primer semestre de 2026 confirman la consolidación de este reordenamiento sanitario en la provincia: en el hospital de Orán, sobre más de 8.000 internaciones, apenas el 0,17% correspondió a ciudadanos extranjeros, mientras que en Salvador Mazza se registró solo una consulta en seis meses. Respecto al impacto en los servicios, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, junto al mandatario provincial, destacaron que el arancelamiento posibilitó descomprimir las guardias, agilizar la asignación de turnos para los salteños y optimizar los insumos en los departamentos del norte.
