Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias por el Presupuesto 2025 parecen haber llegado a un callejón sin salida. Mientras el Ejecutivo evita convocar a los gobernadores a discutir el tema, las tratativas se encuentran al borde del colapso, poniendo en riesgo la aprobación de este instrumento clave para la coordinación de las políticas públicas.
Esta situación refleja una preocupante falta de diálogo y colaboración intergubernamental. Por un lado, la Casa Rosada mantiene una postura hermética, sin responder los pedidos de reunión de los mandatarios provinciales. Por el otro, las diferencias entre las partes parecen insalvables, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre las cuentas públicas para el próximo año.
Resulta llamativo que, en medio de este impasse, el oficialismo avance con la aprobación de varias iniciativas impulsadas por el principal aliado parlamentario, el PRO. Esto sugiere que el Gobierno estaría priorizando los intereses políticos por sobre la construcción de consensos y la articulación con los actores subnacionales, tan cruciales para la gobernabilidad y la efectiva implementación de las políticas.
Es imperativo que el Poder Ejecutivo asuma un rol más proactivo y abierto al diálogo. Las provincias son socios ineludibles en la ejecución presupuestaria y el desarrollo territorial, por lo que ignorar sus demandas y perspectivas podría acarrear graves consecuencias en términos de inestabilidad fiscal y fragmentación política.
Más allá de las diferencias ideológicas y partidarias, el Gobierno y las provincias deben encontrar los mecanismos para construir acuerdos. El futuro del país y el bienestar de millones de ciudadanos dependen de que logren superar este impasse y trabajar de manera coordinada y cooperativa.
