Al igual que lo que sucedió en los noventa con la fiebre privatizadora, sin reparar consecuencias, actualmente se puso otra vez en la mira a dos empresas del Estado, fundamentales para el desarrollo equitativo de la Argentina. En efecto, sobre estas dos empresas públicas que se pretende que sean vendidas, no se repara el impacto que puede causar en la economía productiva argentina. No es una simple cuestión declamativa, ni una lucha sobre los principios que sostiene la autopercibida Escuela Austríaca, sino de tener en cuenta la utilidad que prestan. Como así tampoco, no todo lo que es de propiedad del Estado debe ser subastado, sin más.
Esto es así, porque el capítulo II de la denominada ley Bases, a la que se presenta como la panacea de la recuperación nacional se refiere al proceso de privatización de un listado de empresas públicas, entre las que se incluyen: Aerolíneas Argentinas, Energía SA, la TV Pública y Radio Nacional, e Intercargo, la empresa de asistencia a los aviones en los aeropuertos. Además dispone que podrán ser privatizadas o concesionadas AySA, el Correo, el Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y la empresa Corredores Viales.
Ahora bien, veamos que sucede: los trenes y ferrocarriles han sido una parte fundamental del desarrollo infraestructural de Argentina desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En 1857 se inauguró la primera línea férrea, que en un principio pertenecía a un grupo de particulares que conformaban la Sociedad Camino de Fierro de Buenos Aires al Oeste y que contaba con el financiamiento de la provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces formaba un estado independiente de la Confederación Argentina. Estos sistemas de transporte han desempeñado un papel clave en la conectividad y el progreso económico del país.
Durante las primeras décadas, los trenes jugaron un papel vital en el transporte de mercancías y pasajeros a lo largo de extensas distancias. Basta recordar que en 1870, la Argentina tenía un total de 732 km de vías férreas; en 1890 de 9.432 km y en 1910 – en ocasión de celebrarse el Centenario – 27.994, lo que pronto la convertiría en el cuarto país con mayor extensión en el tendido de vías en el mundo. Todo ello fue construido por el Estado nacional concesionando las estaciones a empresas británicas, que erigieron monumentos arquitectónicos como las terminales de Retiro y Constitución en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La construcción de nuevas líneas ferroviarias permitió la expansión agrícola e industrial, facilitando así el acceso a los principales centros urbanos y puertos para exportar productos. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, la inversión en el mantenimiento y expansión del sistema ferroviario comenzó a disminuir drásticamente. Esto condujo a un deterioro progresivo de las vías férreas y la infraestructura asociada. Muchos tramos fueron abandonados o cerrados. Estas mejoras son cruciales para reducir la dependencia del transporte por carretera, que tiene un mayor impacto ambiental y causa congestiones viales en áreas urbanas densamente pobladas como Buenos Aires. En agosto de 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, se promulgó la Ley 23.696 de Reforma de Estado, que proponía la privatización o concesión de las empresas del estado. el decreto 666/89 dio cumplimiento a esta normativa, y entregó en concesión los ferrocarriles.
Posteriormente el Decreto 1168/92 ordenó una abrupta disminución de los servicios a partir del 31 de julio de 1992. Luego, el 15 de diciembre de 1992, se firmó decreto 2388/92 que prorrogaba el fin de los servicios hasta el 10 de marzo de 1993, a menos que las autoridades provinciales acordasen asumir la responsabilidad por ellos o seleccionar un concesionario privado para operar en su nombre. Por eso es que desconcierta la gestión del Estado nacional, dado que una cosa es alcanzar el déficit cero y bajar abruptamente la inflación y otra es abandonar la infraestructura indispensable para que la Argentina pueda transportar su producción y ampliar el mercado turísitico.
Consecuencias de la Privatización de los trenes:
• Repercutió directamente en las economías regionales y obviamente en la nacional.
- Más de 300 pueblos aislados, que desaparecieron luego del corte de los servicios ferroviarios de larga distancia e interregionales.
- En 1947, la red ferroviaria total era de 47.000 kilómetros de longitud, quedando reducida a solo 18.000 kilómetros operativos, de los cuales unos 4.000 fueron para pasajeros y el resto para cargas.
- 75.000 trabajadores ferroviarios quedaron fuera del sistema.
- Desde 1993, último año de gestión estatal completa del sistema ferroviario y comienzo de la gestión privada, hasta 1999 momento de comienzo de la crisis y de la devaluación de la moneda argentina, en enero de 2002, los precios del transporte ferroviario se habían incrementado casi 200 por ciento desde la privatización y las transferencias por subsidios a las empresas ferroviarias privadas rondaban los 400 millones de dólares anuales.
El caso de Aerolíneas Argentinas, no es menos importante, ni decisivo. Sería otro desacierto absoluto privatizarla, una vez más, como en el pasado, donde incluso se entregó su flota de aviones entera a precio vil:
- En el período 2023, la empresa registró un estado de flujo de efectivo positivo en $ 89.134.728.724, equivalente al 4% de sus ingresos anuales.
- La caída en las transferencias del Estado Nacional se dio por el subsidio indirecto que produjo, entre algunos motivos, por la brecha cambiaria, mediante el cual la compañía obtuvo cerca de u$s 380 millones.
- La aerolínea finaliza el año 2023 con el número más alto de personas transportadas en su historia: más de 13,8 millones viajaron en sus vuelos. La cifra supera la marca de la prepandemia, cuando en 2019 transportó a 12,9 millones de clientes.
- La empresa promedió un 84% de ocupación: en el mercado doméstico, Aerolíneas llevó a casi 11 millones de pasajeros, mientras que en la red de vuelos regionales movilizó a 1,8 millones. Entre estos servicios se destaca, sobre todo, la operación con Brasil. El número se completa con vuelos hacia y desde países vecinos, los Estados Unidos (Miami y Nueva York), el Caribe (Cancún y Punta Cana) y Europa (Madrid y Roma). En el caso particular de la provincia de Salta, se levantaron de manera inconsulta los vuelos Salta – Sao Paulo y Salta Bariloche, con el consecuente perjuicio a la actividad, turística y comercial de la Provincia. Esperemos que se reflexione sobre esto, porque no se escuchan voces de legisladores que adviertan semejante desatino.
